Colombia calificó de ilegal el decreto expedido por Nicaragua que prohíbe la pesca a los raizales —grupo étnico afrocaribeño del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina— en la zona contigua, y declaró que quien está violando los derechos y las libertades que están reconocidos dentro del derecho internacional para Colombia es el país centroamericano.
Estos fueron los argumentos del equipo negociador de Colombia, liderado por Carlos Gustavo Arrieta, durante la última jornada de audiencias convocadas por la Corte Internacional de Justicia en La Haya, para responder a las acusaciones de Nicaragua sobre presuntas violaciones de derechos marítimos, entre los dos países, y que concluirá con los alegatos de Nicaragua este viernes.
El agente del equipo negociador colombiano aseguró que “quedó muy clara la posición de Colombia ante los jueces con respecto a los raizales y muy clara la posición del país frente al decreto ilegal que ellos expidieron”.
Arrieta dijo que “es Nicaragua el que está violando los derechos y las libertades que están reconocidos dentro del derecho internacional para Colombia”.
“Nuestros raizales tienen derecho de explotación y pesca en la zona que ahora están reclamando, y que fue favorable en el fallo de la Corte para Nicaragua en 2012, cuando le entregaron 75.000 kilómetros cuadrados del mar colombiano”, recalcó.
“Colombia no tiene buques de guerra en la zona que está en conflicto, nosotros siempre hemos mostrado respeto por la soberanía de Nicaragua”, aseveró.
Además, aclaró a Nicaragua que no tienen "una flota en el área. La Armada colombiana solo tiene un guardacostas en el área o a veces dos, cuando hay cambio de turno”.
Nicaragua cierra el ciclo el viernes
De la mano de Carlos Argüello, Nicaragua quemará sus últimos cartuchos para demostrar ante los magistrados de la Corte Internacional de Justicia que sus denuncias son ciertas frente al incumplimiento del fallo del 2012 por parte de Colombia.
Además, el país centroamericano insistirá ante el tribunal sobre el pedido de una indemnización de Colombia por los daños ocasionados a la economía de Nicaragua por las violaciones a los derechos marítimos sobre 75.000 kilómetros cuadrados que se le entregaron a Nicaragua, pero que siguen siendo explotados por Colombia, argumento que esgrimió el pasado lunes en la audiencia.
Nicaragua mantendrá sus pretensiones sobre la ampliación de sus fronteras en el mar Caribe, que le permitiría acercarse a las costas territoriales de Colombia, explicó Julio Londoño Paredes, experto en el litigio colombiano.
Además, insistirá en reclamar la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sobre los cayos de Alburquerque, Roncador, Serrana, Serranilla, Quitasueño, Bajo Nuevo, Cayo del Este y Sudeste, soberanía que fue ratificada por la corte en el 2007 y en el 2012, señaló.
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