A tan solo unos días para que dé inicio la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por el proyecto Archipiélago, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a Facebook de permitir que grupos contrarios al gobierno se establezcan en esa red social.
Rodríguez dijo el miércoles ante el personal diplomático acreditado en La Habana que “los grupos privados que se han establecido en la plataforma de Facebook no solo realizan actividades ilegales desde el punto de vista legal, alterando logaritmos, alterando el mecanismo de geolocalización para simular la presencia masiva en Cuba de personas y cuentas que se sabe que radican fuera de nuestro país y principalmente en la Florida y territorio estadunidense”.
El proyecto Archipiélago es coordinado por el dramaturgo Yunior García desde la capital cubana y en su página de Facebook informa tener 16.576 seguidores. García convocó para una marcha el 15 de noviembre, lo que ha sido rechazado por las autoridades.
“Facebook podría ser perfectamente demandada por estas prácticas en Cuba”, dijo Rodríguez, quien volvió a acusar a Estados Unidos de promover el descontento social en el país.
“No vamos a permitir de ninguna manera que la agresión persistente del gobierno de los Estados Unidos, sus intentos intensos y constantes, agudizados en los últimos seis u ocho meses de generar condiciones de desestabilización interna, de alterar la tranquilidad y la seguridad ciudadanas, de dañar la paz social que es característica del pueblo cubano, de nuestra nación vayan a aguarnos esta fiesta”, indicó en referencia a la apertura del país tras dos años de cierre por la pandemia.
Ni el Departamento de Estado, Facebook ni el activista Yunior García respondieron, hasta el momento, a solicitudes de comentarios de la Voz de América.
El martes, no obstante, el Departamento de Estado de EE. UU. instó a las autoridades cubanas a permitir las manifestaciones pacíficas. La Casa Blanca dijo recientemente que tales muestras de descontento no representan los "deseos" de Washington sino los del pueblo cubano
Los coordinadores de Archipiélago presentaron solicitudes formales para realizar la marcha, pero las autoridades judiciales tanto en la capital, como en las demás provincias negaron los permisos asegurando que es una actividad ilegal.
La marcha tiene previsto ser llevada a cabo cuatro meses después de las masivas protestas del 11 de julio en más de sesenta localidades de la isla y que dejó centenares de detenidos y largas sentencias de cárcel, según denuncias de abogados y organizaciones de derechos humanos.
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