En una decisión que algunos ambientalistas consideran como una hipocresía, la administración Biden aprobó la venta de derechos de explotación de petróleo y gas natural en más de 32 millones de hectáreas en el Golfo de México, una acción que dice que fue ordenada por una corte federal.
La subasta del miércoles por una entidad del Departamento del Interior se repartió principalmente entre Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. Otros 308 lotes fueron adquiridos por un total de 191,7 millones de dólares, pero no se conoce de inmediato cuántos de ellos se desarrollarán.
La decisión tuvo lugar a pocos días de la clausura de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26), donde el presidente Joe Biden prometió que Estados Unidos “lideraría con el ejemplo” para alcanzar un futuro libre de emisiones contaminantes.
Mientras algunos grupos ambientalistas acusan a la administración de romper su promesa, el gobierno dice que se vio forzado acceder a la venta debido a un fallo de una corte federal.
Poco después de asumir el cargo en enero, Biden anunció una moratoria a nuevas concesiones para proyectos de petróleo y gas natural en propiedades federales. Los fiscales generales republicanos en más de una docena de estados desafiaron esa decisión ante las cortes y en junio un juez de una corte de distrito en Luisiana falló a favor de reanudar los derechos de explotación.
En ese momento, un portavoz del Departamento del Interior, que supervisa el arrendamiento de terrenos públicos para proyectos de energía, dijo que estaba revisando la opinión del juez y acataría la decisión.
En 2018, un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos calculó que las operaciones de la industria de combustibles fósiles, que incluye la extracción, el refinamiento y el transporte antes de que sean usados por el consumidor, es responsable de alrededor del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.
El reporte es frecuentemente citado por los grupos ambientalistas opuestos a la concesión de tierras públicas para proyectos de energía.
La subasta del miércoles tuvo lugar a pesar de una demanda presentada en Washington por el grupo ambientalista Earthjustice, que alega que un estudio de 2017 que la administración Biden usó para justificar la subasta es erróneo y no debe usarse como guía.
Otras opciones
Brettny Hardy, una abogada de Earthjustice, dijo a la Voz de América que Biden tenía otras opciones para prevenir la subasta, pero decidió no utilizarlas.
“La administración continúa diciendo que tiene las manos atadas por el fallo de Luisiana, pero podría maniobrar más bajo el estatuto subyacente que está en juego aquí, la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior”.
Hardy admitió que la administración está apelando la orden judicial, pero criticó que no buscara una extensión mientras se decida la apelación.
Añadió que la administración hubiera podido declarar la subasta ilegal bajo la Ley de Política Ambiental Nacional.
[Con información de Rob Garver, VOA]
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