Los familiares de los reclusos considerados presos políticos en Nicaragua confían en que la Iglesia Católica pueda ayudarlos una vez más.
Para sus parientes demandan la libertad definitiva y con garantías. Se trata de más de 160 prisioneros de conciencia que permanecen tras las rejas en las cárceles del país gobernado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Daisy George, activista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la costa Caribe nicaragüense, recordó que el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, intercedió por la libertad de decenas de opositores arrestados tras la revuelta social de 2018 y que fueron excarcelados en 2019.
“Él era el único canal que teníamos, precisamente ese canal es el que el régimen ha tratado de limitar”, dijo George.
En su opinión, ahora hay “que buscar a la Iglesia en forma general, toda la instancia de la Iglesia es la única institución que está en Nicaragua y es la única institución que está hablando sobre el tema de la violación de los derechos humanos fuera de las organizaciones políticas”.
![Familiares de presos políticos en Nicaragua piden por su liberación. [Foto Donaldo Hernández/VOA].](https://gdb.voanews.com/e06f1278-2409-43c6-a32c-f93cdc91ba3f_w100_r1.jpg)
“La Iglesia es un vínculo que tenemos que mantenerlo permanentemente”, añadió.
Visiones encontradas
En tanto, Victoria Cárdenas, esposa del exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, señaló que para los familiares de los presos políticos no es posible un diálogo ni una negociación sin la libertad de sus seres queridos.
“Lo que se requiere antes de cualquier diálogo o negociación es la libertad inmediata e incondicional y con garantías de todos los presos políticos. Si no hay esta liberación no se puede hablar de diálogo, ni de negociación ni de una salida a esta crisis política y humanitaria que estamos viviendo los nicaragüenses”, dijo Cárdenas.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua hay más de 160 presos políticos, incluidos 41 dirigentes opositores, activistas y profesionales detenidos en los últimos seis meses.
Entre ellos figuran siete aspirantes a la presidencia que pretendían competir contra Daniel Ortega en los comicios del pasado 7 de noviembre.
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