El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei destacó en Estados Unidos algunos avances de su país y su Gobierno tras no haber sido invitado a la Cumbre por la Democracia. Aunque la estabilidad democrática puede haber existido, no tanto así el respeto a los “derechos inalienables”
“Nadie puede cuestionar que hoy Guatemala es una democracia estable, con elecciones libres y limpias en forma consecutiva desde nuestro retorno a la democracia hace ya 36 años [...] y en la que se garantizan plenamente los derechos inalienables de cada persona”.
Giammattei pronunció esas palabras el pasado 6 de diciembre en The Heritage Foundation, un centro de pensamiento en Washington D.C. que promueve políticas públicas “basadas en los principios de libre empresa, gobierno limitado, libertad individual, valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional”.
En su discurso, parte de una gira tras no haber sido invitado por Joe Biden a la Cumbre por la Democracia, Giammattei consideró a Guatemala como “aliado y amigo [de Estados Unidos] aunque existan funcionarios de este Gobierno que no lo entiendan en su justa y verdadera dimensión”. Para ello aludió al comercio bilateral, al apoyo en la cuestión migratoria o contra el narcotráfico, a las relaciones con Taiwán e Israel y a la condena de los regímenes de Venezuela y Nicaragua, además de a la propia estabilidad económica y democrática del país.
Sin embargo, pese a que Guatemala regresó a la democracia con la Constitución de 1985 y los acuerdos de paz de 1996, que sentaron las bases de una nueva institucionalidad y han permitido elecciones ininterrumpidas, en el país aún se vulneran derechos humanos, según denuncian organismos nacionales e internacionales.
Denuncias internas y desde el propio Estado
Los “derechos inalienables”, en palabras de Giammattei, se refieren a la idea del artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, en el sentido de que estos “están conectados entre ellos y tienen la misma importancia”. El artículo establece que “nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados”. El Estado, por tanto, es garante de los derechos humanos y responsable de sus vulneraciones.
La Constitución de Guatemala de 1985, como las de otros países, se inspira en parte en el texto de la ONU. De acuerdo con un artículo académico de 2005 de la exdecana universitaria Carmen María Gutiérrez de Colmenares, la carta magna vigente “evidencia el nacimiento de un Estado constitucional de derecho, con la inclusión de un catálogo muy desarrollado de derechos humanos y de tres instituciones de primer orden para velar por su plena eficacia: el Procurador de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad”. Para ello, la también exmagistrada de la propia Corte alude tanto al derecho interno como a la adopción de tratados internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral ha asegurado las principales votaciones en las últimas décadas y los fallos de la Corte de Constitucionalidad han protegido la carta magna, incluso revirtiendo decisiones del Ejecutivo, la amplitud de subdivisiones del ente Procurador de Derechos Humanos serían insuficientes por la propia dificultad para defenderlos en el país.
Según el informe anual de 2020 del propio organismo, “en Guatemala existe un marcado desequilibrio social debido a que los derechos humanos no son cumplidos a cabalidad”, sobre todo respecto a la protección frente a la violencia. En su versión “directa”, esta habría sido física o discursiva, de particulares o agentes estatales, y la “estructural” menciona el desalojo de comunidades indígenas, la exclusión de sectores como la juventud o la criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, entre otras de cada ámbito de actuación.
Aunque el documento señala la reducción de asesinatos y extorsiones al inicio de la pandemia, pero el aumento de la violencia contra las mujeres, también resume que “la seguridad ha sido gestionada [...] apartada de la sociedad civil, con carácter represivo y una propensión a la remilitarización”, en contra de leyes nacionales y normas internacionales. Además, las muertes violencias estarían aumentando en 2021, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
![Mujeres marchan durante la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en San Salvador, El Salvador. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/1d1047ad-fc6a-48e6-8e39-634bb518de5a_w100_r1.jpg)
En esa línea, el informe de enero de la organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) y dos organizaciones del mecanismo ProtectDefenders.eu de la Unión Europea, asegura que Giammattei ha mantenido la desprotección a defensores que llevó a cabo su antecesor, Jimmy Morales. Dos ejemplos son el cierre de la unidad policial especializada en derechos humanos y la intención de limitar la Secretaría de la Mujer, además de la supresión de entidades derivadas de los acuerdos de paz que finalizaron el conflicto armado.
El documento, no obstante, se centra en los defensores de la tierra y el territorio y en los operadores de la justicia. Udefegua registró en 2020, primer año de Giammattei en el poder, hasta 1.004 agresiones a hombres, mujeres y colectivos —la mayor cifra desde 2013—, quince asesinatos y veintidós intentos de asesinato.
Si bien el Gobierno destacó en abril la cobertura total de municipios del Ministerio Público, Udefegua señala la desprotección de la justicia con la no renovación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Asimismo, denuncia la no implementación de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado en 2014, y la estigmatización de estas personas, con 145 causas abiertas en 2018 como pico reciente.
Preocupación desde fuera
El asesor para asuntos hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González, anunció el pasado jueves que Guatemala, Honduras y El Salvador no estaban invitados a la Cumbre por la Democracia debido a “actividades muy preocupantes”.
Sobre Guatemala, González aludió a que las instituciones judiciales promovían la corrupción. En concreto, se refirió a la nueva orden de captura sin mayores detalles que la fiscal general María Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, emitió contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. La FECI había surgido por el acuerdo de Guatemala con la ONU que creó la Cicig, y la destitución de Sandoval en julio ya había provocado protestas y rechazo internacional por considerarla arbitraria.
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También la semana pasada, tras una visita a Guatemala, la subsecretaria estadounidense para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, manifestó su preocupación por las acciones judiciales contra periodistas y medios que han revelado casos de corrupción. Tanto el Ministerio Público como el Gobierno han desestimado las críticas.
El 30 de noviembre, sin embargo, decenas de periodistas firmaron un manifiesto por el Día del Periodista en el que critican los ataques del Gobierno y el Ministerio Público contra la prensa, las campañas de descrédito desde organismos oficiales y casos de intimidación.
Los casos recientes más sonados han sido los de Juan Luis Font y Sonny Figueroa. El 6 de diciembre, un juez a instancias de la FECI emitió una medida precautoria de arraigo contra Font, quien ha revelado corrupción en obras públicas. El encarcelado exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, le atribuye haber recibido un soborno, mientras que Font denuncia que la FECI lo usa para montar un caso en su contra. Antes, en septiembre, Figueroa había sido agredido y arrestado dos días después de publicar un reportaje sobre los miembros y sueldos del Centro de Gobierno, una oficina creada al inicio del Gobierno de Giammattei que conformar personas de su confianza.
Por otro lado, la preocupación internacional hacia las garantías a los derechos humanos en Guatemala también ha llegado de parte de organismos humanitarios. De hecho, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vicanco, reaccionó a las propias palabras de Giammattei sobre la estabilidad democrática:
En octubre, en una columna sobre el Estado de derecho en Centroamérica para el medio Financial Times, Vivanco ya había criticado la cooptación en la selección de los jueces por parte del Gobierno de Guatemala y la destitución de Juan Francisco Sandoval, y temía la desaparición de la FECI. Asimismo, la subdirectora regional de la organización, Tamara Taraciuk, mencionó en otro texto en noviembre los llamados de atención del Comité para la Protección de los Periodistas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre los ataques contra la prensa, desde verbales hasta peticiones de investigación penal.
Por su parte, en su informe global 2020/2021 sobre derechos humanos, Amnistía Internacional apela al documento de Udefegua sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Además, menciona las detenciones a quienes trabajaban en la informalidad durante el confinamiento, la precarización social y de los trabajadores de la salud en la pandemia, o la represión a las manifestaciones de noviembre y diciembre de 2020 contra un proyecto de ley presupuestario del Congreso, donde el Gobierno tiene mayoría.
Giammattei, mientras tanto, continuó su gira por Washington, en encuentros como el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad y con representantes de la Cámara de Comercio estadounidense, antes de su vuelta a Guatemala. Justamente, este viernes 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, en conmemoración de la Declaración Universal de la ONU.
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