El Parlamento de Nicaragua canceló, entre lunes y martes, la personería jurídica de nueve oenegés.
Los nuevos cierres elevan a unas 60 las organizaciones sin fines de lucro (52 locales y el resto internacionales) que han sido clausuradas desde 2018 en el país a petición del gobierno de Daniel Ortega.
Las cancelaciones, realizadas a petición de Ministerio de Gobernación, fueron aprobadas durante la sesión de la Asamblea Nacional - dominada por el partido gobernante Frente Sandinista – con 84 votos a favor y tres abstenciones, y basó sus argumentos en la Ley de Agentes Extranjeros vigente en el país.
![Redacción del diario La Prensa en Managua, Nicaragua, en 2019. [Foto Houston Castillo, VOA].](https://gdb.voanews.com/6a58a79c-5d2b-4770-b1a1-7de421a1d964_w100_r1.jpg)
Según el argumento del Ministerio de Gobernación, las oenegés no cumplían con lo señalado en la Ley No. 147 (Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro).
"Están acéfalas desde 2005, 2006,2007, 2008, 2009 (...) No han reportado al ente regulador su estado financiero” correspondiente al período fiscal desde 2017 hasta 2020 respectivamente con su desglose detallado, citó el Ministerio.
Además, explicó que todas las organizaciones “incumplieron” con la Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
“No han presentado los convenios donantes y su proyecto de actividades que definan claramente su fuente de financiamiento, cartera de proyectos, impactos sociales de los mismos”, señalaron.
Entre las oenegés afectadas están algunas ligadas a actores políticos como el Consejo de Universidades Privadas, la cual tenía relación con Adán Bermúdez, miembro del cancelado partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL).
También se encuentran la Asociación Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, ambas dirigidas por Leonardo Torres, hasta hace poco activista sandinista.
Luego de conocerse de los nuevos cierres, el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) comunicó que suspenderá sus operaciones en Nicaragua a partir del 1 de enero de 2022.
Recientemente, la líder opositora Cristina Chamorro, hija de la ex presidenta de Nicaragua Violeta de Chamorro, cumplió 190 días en arresto domiciliar, luego que el gobierno de Ortega cerrara la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
Chamorro, quien también al momento de su arresto era precandidata presidencial, es acusada por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó la ampliación de medidas cautelares a favor de Chamorro, así como su inmediata liberación.
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