Una investigación de Human Rights Watch (HRW) encontró que las autoridades de El Salvador bloquean a personas críticas al gobierno en redes sociales.
HRW identificó el bloqueo de 91 cuentas, la mayoría de Twitter, de periodistas y críticos al gobierno.
Las autoridades salvadoreñas, "incluido el presidente Nayib Bukele, están bloqueando a personas críticas del gobierno en redes sociales”, dijo el organismo en un comunicado de prensa donde catalogó los bloqueos como “una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público”.
De acuerdo con HRW, las cuentas bloqueadas pertenecían a “periodistas, abogados, activistas y ciudadanos comunes” y la mayoría han sido bloqueados por “el presidente Bukele” e Instituciones gubernamentales como Casa Presidencial, la Secretaría de Prensa de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones.
“Es muy probable que la cantidad total de personas bloqueadas sea mayor. Bloquear usuarios en las redes sociales parece ser parte de una estrategia más amplia del gobierno de Bukele para silenciar críticos y reducir la transparencia”, citó el documento.
Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW, señaló que la situación se agrava si se toma en cuenta que el mandatario salvadoreño “utiliza las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales e interactuar con el público, a tal punto que su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el Diario Oficial de El Salvador”.
De ahí que al “bloquear a personas con las que está en desacuerdo, Bukele les niega el acceso a información pública y restringe su interacción con los funcionarios que las representan”.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la institución, escribió en su cuenta de Twitter que la acción es otra muestra de la “intolerancia a la crítica” por parte del mandatario salvadoreño.
Hasta el cierre de esta nota el mandatario salvadoreño no había reaccionado al reporte de HRW.
El asesor jurídico de la Presidencia de El Salvador, Javier Argueta, recomendó el pasado lunes 13 de diciembre a los funcionarios sancionados por Estados Unidos actuar contra los periodistas que han informado al respecto, lo cual puso en alarma a los organismos defensores de la libertad de prensa.
La institución, con sede en Miami, rechazó en un documento de prensa las declaraciones del funcionario.
“El hecho de que los periodistas puedan ser demandados por hacer su trabajo y obligados a revelar sus fuentes implica serios atropellos a la libertad de prensa y a la democracia", dijo Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
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