Este año 2022 luce complejo para Nicaragua. Después del 10 de enero, cuando está prevista la toma de posesión para un nuevo mandato de Daniel Ortega, le queda por delante un reto: ¿reconocerán los países de la región al líder sandinista tras unos comicios sin apenas competencia y catalogados por la comunidad internacional como “una farsa”?
El año pasado, leyes polémicas aprobadas por el oficialismo ayudaron a Ortega a intensificar la presión y a encarcelar opositores. También provocaron el cierre de más medios de comunicación, mientras reporteros, activistas y ciudadanos huyeron al exilio.
Sin embargo, algunos esperan que haya algún “giro de timón” en las acciones tomadas por el mandatario para hacer frente a una crisis política que ya cumple cuatro años, como una negociación entre la oposición y el oficialismo.
Y es que el escenario para Ortega “es poco favorable” este 2022, según dijo a la Voz de América la socióloga Elvira Cuadras, y argumenta su comentario precisamente en los comicios de noviembre de 2021.
Óscar René Vargas, sociólogo y fundador del oficialista Frente Sandinista, subraya que “todo indica que la evolución del régimen será entre un ‘endurecimiento’ de la represión selectiva o una ‘falsa democracia’, o una combinación entre las dos”.
Mientras tanto, los principales bloques de oposición han pedido la liberación de los presos políticos y uno de ellos ha emitido una declaración en que asegura que el diálogo puede ser un mecanismo para resolver conflictos, pero sostiene que no debe ser “cualquier diálogo”.
El comunicado sale a la luz en momentos en el que el oficialismo precisamente ha hablado de un diálogo con “todas las fuerzas políticas” del país, sin mencionar cuándo ni bajo qué condiciones, cuando todos los opositores se encuentran en prisión.
“Como demócratas, que queremos una solución cívica y pacífica, creemos que el diálogo puede ser un mecanismo para la resolución de conflictos, pero no cualquier diálogo, no a cualquier precio y no bajo las condiciones de la dictadura”, ha dicho en un mensaje de fin de año la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de las asociaciones de oposición en Nicaragua.
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La organización considera que se deben cumplir primero algunos acuerdos prometidos por Ortega en diálogos pasados que no dieron los resultados esperados, como la libre movilización, la libertad de prensa, entre otras cosas.
En ese sentido la Unidad Azul y Blanco demandó la libertad “total e incondicional de los derechos políticos y de las personas presas”, así como el cumplimiento de acuerdos con los que cuales Ortega se comprometió con los opositores en 2019.
Otro de los grupos opositores nacido en la crisis de 2018 que también ha pedido este 2022 “la liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión, así como la revocación de leyes que restringen los derechos fundamentales de los nicaragüenses” es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Sin embargo, esta organización expresó que “la dictadura está en un proceso de radicalización y si ninguna pretensión de solucionar o aliviar la crisis”, por tanto hizo un llamado a “seguir resistiendo y fortaleciendo la convicción”.
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Ante este panorama, el sociólogo Vargas advierte que “nadie sabe bien cuál será el próximo movimiento de Ortega” y argumenta que “parte de su poder es la capacidad de mantener ocultas sus próximas jugadas, de despistar a propios y extraños, de engañar al gran capital y a los poderes fácticos”.
“Después de 15 años en el poder, los políticos siguen sin descifrar al dictador”, lamenta Vargas y advierte que si hay algo bien claro es la voluntad que tiene este de quedarse en el poder.
“Aunque Ortega no lo ha dicho, medios y analistas dan por sentado que pretende instaurar una dinastía como parte de su legado político, como la de Anastasio Somoza García, Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle. La práctica del nepotismo de parte de la dictadura no augura nada bueno y demuestra el deseo de mantenerse en el poder más allá del 2026 con el propósito de establecer una nueva dinastía familiar”, concluyó Vargas.
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