Dos periodistas fueron asesinados en México en una semana. El fotorreportero independiente Margarito Martínez fue baleado el lunes en la ciudad fronteriza de Tijuana, el mismo día en que se confirmó el homicidio de otro periodista en el estado de Veracruz.
Martínez, que trabajaba como fotógrafo de temas policiacos para varios medios nacionales e internacionales y estaba inscrito en el mecanismo estatal de protección a periodistas, fue baleado afuera de su domicilio.
Según informó la fiscalía estatal en un comunicado, tenía una lesión en la cabeza por arma de fuego.
La fiscalía no ofreció más información sobre el ataque, pero el Seminario Zeta, uno de los medios para el que trabajaba Martínez, indicó que testigos señalaron que uno de los vecinos del fotógrafo, que se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, fue el que aparentemente disparó, y que las autoridades investigan si pudo deberse a una disputa entre ellos.
Una veintena de sus colegas acudieron a su domicilio, acordonado por las fuerzas de seguridad, poco después de enterarse de la noticia.
Alejandra Guerra, una amiga y colega del fallecido, dijo que hace un mes Martínez tuvo un altercado con un expolicía, que actúa ahora como supuesto comunicador, quien lo acusó de ser editor de dos páginas de Facebook que se dedican a la publicación de crímenes.
A raíz de ese incidente, la asociación “Yo sí soy periodista”, que agrupa a varios comunicadores de Tijuana, se solidarizó con Martínez, solicitó a las autoridades seguridad para él y enfatizó en un comunicado que las acusaciones contra el fotógrafo eran falsas.
Días antes del asesinato, las autoridades estatales le habían activado el mecanismo de protección y le dieron un número telefónico al que tenía que llamar si estaba en riesgo, indicó Sonia de Anda, integrante de la asociación.
“Da mucha impotencia, da mucho coraje de que el mecanismo no tenga una verdadera efectividad; que los periodistas alerten sobre sus temores y de nada nos sirva, porque nada más nos dan un número telefónico para llamar”, lamentó Anda, una de de las reporteras que acudió al lugar de los hechos en cuanto supo la noticia.
La comunicadora agregó que Martínez había solicitado la protección porque “tenía el temor de que lo señalaran grupos criminales como responsable de esas publicaciones”.
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), indicó que en el mecanismo federal para periodistas y defensores de derechos humanos “sí conocían su caso, pero nunca lo incorporaron” a su sistema de protección.
Martínez, de 49 años, ejercía el fotoperiodismo desde hace más de dos décadas. Desde Tijuana, una ciudad de fuerte actividad del crimen organizado fronteriza con California, fue productor y colaborador de algunos medios nacionales e internacionales, así como de medios locales, algunos tan prestigiosos como Semanario Zeta, una revista de investigación.
Justo horas antes de su asesinato, se había confirmado el homicidio del comunicador mexicano José Luis Gamboa, que murió tras ser atacado con un arma blanca durante un supuesto asalto en Veracruz, un estado con litoral en el Golfo de México.
Gamboa, quien se desempeñaba como director del diario digital Inforegio, fue hallado malherido en una calle del puerto de Veracruz tras un presunto asalto y fue llevado a un hospital, donde falleció el 10 enero, indicaron medios locales.
Al condenar el hecho, el CPJ dijo en su cuenta de Twitter que el cuerpo de Gamboa fue localizado la semana pasada, pero que no fue sino hasta el 14 de enero cuando fue identificado.
Tanto el CPJ como el grupo activista Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigieron a las autoridades investigar a fondo ambos asesinatos.
“Gamboa había denunciado y criticado fuertemente a autoridades locales por su relación con el crimen organizado”, señaló RSF, y pidió que no se descartara su labor periodística como presunto móvil del delito.
México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el CPJ, una organización no gubernamental de protección a la prensa con sede en Nueva York.
Los periodistas y defensores de los derechos humanos no han podido escapar de la crisis en materia de estos derechos que enfrenta México, donde hay una impunidad de más de 90% en los casos de asesinatos, según reconoció en diciembre el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
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