El referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en Venezuela se convirtió en un proceso ambiguo cuya primera fase es “exprés”, no es factible y amenaza con fulminar ese mecanismo desde su mismo origen, advirtieron funcionarios, promotores de la iniciativa y analistas políticos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó el viernes pasado las solicitudes de referendo revocatorio contra Maduro que hicieron tres organizaciones ciudadanas y aprobó que el miércoles 26 de enero se instalen 1.200 puntos en el país para recoger “manifestaciones de voluntades” de votantes.
El plazo para recoger las firmas será de solo 12 horas.
Roberto Picón, uno de los cinco rectores principales del poder electoral venezolano, consideró que el proceso, tal como está planteado, “no es factible”.
“Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error”, escribió en Twitter. Tampoco hay tiempo de notificar a la ciudadanía sobre los sitios de recolección de sus datos para confirmar su deseo de convocar un revocatorio, explicó.
Picón, identificado como un funcionario cercano a la oposición venezolana, precisó asimismo que el evento del miércoles se realizará sin auditoría del software del CNE para evitar violaciones a su “integridad”.
La convocatoria exprés deja a las organizaciones solicitantes “sin tiempo” de nombrar testigos para todos los puntos, advirtió.
Este lunes, Picón dijo que “limitar la participación” en esta fase del revocatorio sería entendido como un “retroceso” por diversos actores políticos y fustigó que no haya en el país una ley de referendos que “limite la discrecionalidad” del poder electoral al momento de organizarlos.
El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), una de las tres organizaciones cuyas solicitudes de referendo aceptó el CNE, dijo que el proceso es “impracticable” y que Maduro está “aterrorizado”.
La recolección de firmas o manifestación de voluntades de electores de este miércoles es “abrupta, clandestina e improvisada”, según Mover.
De acuerdo con la organización, el número de centros definidos es “exiguo”, no hay “garantías de acceso a los programas” ni auditoría tecnológica.
El grupo promotor entregará este lunes un documento al CNE en Caracas para exigir su rectificación. Por el momento, no está previsto una nueva reunión del CNE para evaluar esa propuesta.
Se da por sentado que no podrá haber otra solicitud de revocatorio contra Maduro si esta falla.
Proceso "exprés" y miedo a represalias
Eglée González-Lobato, ex consultora jurídica del CNE y directora de la cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, explica que el revocatorio es una figura constitucional inexistente en la región americana y, además, administrada por el poder comicial.
La “poca experiencia” con ese tipo de referendos derivó en una normativa elaborada por el CNE, con hegemonía de rectores simpatizantes del chavismo, que incluyó diversas exigencias que hacen cuesta arriba su concreción.
“El cronograma aprobado es exprés. Es un procedimiento de un solo día. El CNE, con base en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, declara que se necesita recoger el 20% de las firmas o datos de electores en cada uno de los estados. Es un contrasentido. Es un proceso de ámbito nacional”, dice a la Voz de América.
Para ganar el referendo, la oposición debería recaudar manifestaciones de voluntad suficientes para superar los 6.245.862 votos que obtuvo Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2018.
González-Lobato critica que el proceso acordado no contemple la posibilidad de “error” en la instalación de máquinas o puntos oficiales para que pueda participar el número mínimo de electores, 4,2 millones de votantes.
Advierte, asimismo, del temor de los ciudadanos de quedar retratados como opositores al gobierno venezolano a pesar de tratarse de sus derechos.
Un diputado chavista publicó en 2004 una lista de venezolanos que firmaron a favor de un referendo revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez. Esos datos se utilizaron luego para retaliaciones políticas, como despidos o prohibiciones de ingreso a nóminas de instituciones del Estado, denunció la oposición. Se le identificó con el apellido del parlamentario: la Lista Tascón.
“El CNE es el responsable de la administración y cuido de los datos ciudadanos. No se conoce un esquema de resguardo de los datos, lo que hace difícil la decisión de ir a firmar en un evento que está muy complejo de lograr”, apunta la ex consultora jurídica del CNE.
El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes en rueda de prensa en declaraciones transmitidas en el canal oficial VTV que “si usted pide revocatorio, no tiene porque andar escondido”.
En este sentido, el funcionario agregó que tienen en su agenda solicitar el listado de quienes hayan firmado por el revocatorio. “Nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente”, indicó.
Solicitantes del revocatorio contra Maduro "muy solos”
Solo un revocatorio presidencial se ha realizado en Venezuela durante los 23 años de vigencia de la Constitución. En 2004, el presidente Hugo Chávez ganó con 59% de los votos una consulta que ponía en vilo su permanencia en el cargo.
El proceso de recolección de firmas fue extenso para sus opositores.
En agosto de 2003, la coalición antichavista recolectó 3,2 millones de firmas de electores a favor del referendo, pero el CNE dudó de su autenticidad. Un nuevo proceso ocurrió tres meses después, pero las autoridades electorales llamaron a un proceso de “reparo” de centenares de miles de firmas de sus promotores.
El revocatorio terminó celebrándose un año después del primer operativo de recolección de firmas de quienes deseaban revocar a Chávez.
Otro revocatorio, ya contra Maduro, se intentó en abril de 2016. La oposición denunció entonces que las autoridades electorales retrasaron sus decisiones en cada paso de la consulta hasta que, seis meses después, el proceso se anuló del todo por fallos judiciales por denuncias de fraude interpuestas por el chavismo.
González-Lobato, especialista en derechos electorales venezolanos, considera que el oficialismo deberá asumir “el costo político” de dificultar la participación ciudadana en este referendo revocatorio.
Opina que la oposición podría estar facilitando un retroceso en los avances políticos alcanzados al retornar a la ruta electoral en las regionales de 2021.
“Veo a los solicitantes muy solos”, aseguró, subrayando cómo la dirigencia de los principales partidos opositores no ha acompañado públicamente los esfuerzos de quienes respaldan el revocatorio a Maduro como una salida a la crisis.
Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela desde 2019 por al menos 50 gobiernos del mundo, acusó esta semana a Maduro de impedir “cobardemente” un proceso revocatorio en su contra.
“Eres minoría y secuestras el poder (…) cobardemente mataste la posibilidad de firmas [del revocatorio] en 2016 y ahora evades la elección presidencial”, dijo al dirigente chavista en un video divulgado este domingo en su cuenta de Twitter.
Maduro no se ha referido públicamente a la posibilidad de un revocatorio en su contra.
Diosdado Cabello, directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo este lunes que pedirían la lista de electores que se expresen a favor de esa consulta.
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