Organizaciones de prensa, derechos humanos y periodistas de América Latina rechazan la reciente adjudicación de las instalaciones del diario venezolano El Nacional, por parte de la justicia venezolana, al diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, como parte de hechos que catalogan de "graves" y "preocupantes".
Entrevistados admitieron que la medida se veía venir, argumentando que la justicia venezolana ha trabajado a su antojo para entorpecer el trabajo de la prensa en el país.
Carlos Jornet, presidente Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo a Voz de América que la justicia venezolana “se ha encolumnado detrás del régimen y acompaña todas las decisiones que este adopta”.
“Hace mucho tiempo que lo venimos advirtiendo. El chavismo... lo que ha pretendido es ahogar a la prensa independiente, ahogar toda crítica, toda posibilidad de control ciudadano, a partir de los medios de comunicación para, a partir también de ahí, poder perseguir a la oposición e instaurar este régimen autoritario”, indica el vocero de la SIP.
Con esta idea coincide Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Diosdado Cabello ha usado la justicia en Venezuela a su antojo para ir en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela”, dijo en entrevista con VOA.
Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, explicó -vía correo electrónico a VOA- que la decisión de entregar el control de la sede de El Nacional a Cabello es "como un premio en su demanda por difamación contra el medio, es otro paso hacia el cierre del ya restringido espacio mediático de Venezuela y envía un mensaje escalofriante a los periodistas de investigación de todo el país”.
Para Southwick, el primer vicepresidente venezolano “ha sido implacable en sus intentos de silenciar a varios medios, incluido El Nacional, en represalia por sus informes sobre él” y expresa su preocupación de que “haya podido explotar con tanta eficacia el sistema judicial del país para llevar a cabo un vendetta contra medios críticos, e igualmente preocupante de que los tribunales estén permitiendo que esto suceda", añadió.
La sede del diario ya había sido embargada en mayo del año pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le ordenara pagar unos 13 millones de dólares en reparación al propio Cabello.
Fidel Cano, director del diario El Espectador, el más antiguo en Colombia, afirmó en declaraciones a VOA que es una noticia que reciben “con muchísima preocupación” y enfatizó en “es un ataque a la libertad de prensa muy grave que se sigue consumando”.
Este ataque, para la directora de HRW, merece la “máxima condena”.
Lo más “alarmante”, según Martha Ramos, directora editorial de Organización Editorial Mexicana y presidenta de la Alianza de Medios MX, es que es una situación que no cesa, pues a lo largo del tiempo, se ha visto el deterioro de medios que no han tenido papel para imprimir, deben pasar a formato digital o deben cambiar sus dominios de página en medio de bloqueos.
“Lo que está pasando es que la propia gente de Venezuela termina en una burbuja en donde se deben sentir absolutamente abandonados del resto del mundo porque se está censurando cualquier posibilidad de comunicar que está pasando, no solo en el entorno venezolano, sino la reacción externa de otros países, de otras comunidades, de otras sociedades, sobre lo que está pasando en Venezuela”, dijo Ramos.
Esto, en cuanto al impacto inmediato hacia la sociedad venezolana. En materia de libertad de expresión y el ejercicio periodístico, califica la situación como “un crimen mayúsculo”, generando no solo un atropello al ejercicio, sino que están “matando la industria”.
“Ya no tienes dónde publicar, ya no tienes quien te pague un salario, ya no existe una empresa donde puedas llegar a escribir una información, pues entonces estamos hablando que es una sociedad totalmente silenciada”, agrega la periodista.
Acciones a seguir
Jornet exhorta a continuar la lucha para recuperar no solo El Nacional y sus bienes, sino otros medios “que han tenido que cerrar sus puertas por la persecución que han sufrido, por la asfixia económica y por todo el clima contrario a la libertad expresión que se vive hace años”.
En ese sentido, dice que la SIP seguirá acompañando los reclamos del diario en las instancias internacionales, y añade en que es necesario mantener vivo “este reclamo porque va a ser la única forma que en algún momento el régimen deje de estar presente”.
Para el director de El Espectador, los medios y periodistas se levantan en rechazo “porque lo que logra hacer algo en el poder autoritario se convierte en ejemplo para malas ideas de otros líderes que puedan seguir el mismo camino. De manera, que tenemos que pararnos y censurar este tipo de acciones contra la prensa libre”.
Por su parte, la vocera de HRW indica que es importante continuar apoyando la tarea de la prensa en Venezuela.
La presidenta de la Alianza de Medios MX sostiene que es una situación sin precedentes y que, aunque hay apoyo internacional, es difícil entrar al país.
“El régimen que estamos viendo en Venezuela supera por mucho cualquier cosa que nosotros hayamos visto en momentos distintos en Cuba o lo que estamos viendo en Nicaragua. El apoyo internacional existe, pero no hay forma de entrar, nos han bloqueado todo”, dijo Ramos a la VOA.
“Los medios trabajamos para la gente que nos lee y la gente que nos cree y la gente confía en nosotros. Si un medio no puede hacer este trabajo de uno a uno, pues entonces queda totalmente aniquilada esa confianza y ese apoyo", agregó.
"Su voz va a seguir estando"
Muchos coinciden en que la voz de El Nacional no va a desaparecer.
“Su voz va a seguir estando, a través de su sitio web, y también tratando de reflejar lo que ocurre en Venezuela y las miserias de este régimen”, dice Jornet.
Martha Ramos sostiene que hay ejemplos de medios locales que se volvieron digitales, como es el caso específico de El Nacional, y los reporteros seguirán trabajando en campo, a pesar de las hostilidades.
“No es un edificio el que bloquea y el que cierra, es un paso más… Sigo pensando que uno de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, es tener el derecho a estar informado. A los Estados les toca dejarnos hacer”, concluye la periodista.
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