La libertad de prensa y expresión se encuentra en sus niveles más bajos en Nicaragua en los últimos treinta años, de acuerdo a organismos encargados de monitorear el respeto a los derechos humanos universales.
Por ejemplo, una simple opinión emitida en redes sociales o una crítica al gobierno de Daniel Ortega podría llevar a la cárcel al emisor, como ocurrió con el exembajador Edgar Parrales, detenido en noviembre tras criticar al mandatario en un programa de televisión.
Siguiendo la tendencia, ejemplo es que ya han sido dictadas las primeras condenas a personas que publicaron comentarios en redes sociales y también contra periodistas, bajo leyes aprobadas en 2020, como la Ley de Ciberdelitos, conocida como “Ley Bozal”.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, cataloga el panorama como “dramático” y expresó “extrema preocupación” por los mecanismos de censura y las sentencias de un Poder Judicial “que no tiene credenciales de autonomía e independencia”.
“La comunidad internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particular se ha referido a la preocupación sobre las garantías en estos juicios, sobre la instrumentalización del derecho penal y en el llamado enfático a la liberación de todas las personas que están siendo arbitrariamente procesadas”, dijo Vaca.
Señaló que la prensa nicaragüense ha cambiado drásticamente en este marco. “Muchos y muchas periodistas están fuera”, dijo. También resaltó que otra parte sigue en Nicaragua “asumiendo unos riesgos altísimos, sigue transmitiendo información de alto interés público”.
“En la gran mayoría de casos, por razones de seguridad, teniendo que acudir al anonimato, a que sus nombres no sean reconocidos en el marco de estas labores. Las fuentes nos indican que tienen temor absoluto a hablar y esto dificulta la labor de la prensa”, explicó Vaca.
Por ende, “las autoridades, como sólo tienen un mensaje represivo, tampoco están en disponibilidad de responder a las preguntas que tiene la prensa”, dijo.
“Es una situación dramática en la que también hay mucha valentía, y desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión estamos en total disponibilidad de seguir acompañando al periodismo nicaragüense”.
Recientemente dos periodistas fueron condenados en Nicaragua, y aunque uno d ellos, Miguel Mora, había manifestado su interés de ser candidato presidencial, algunos analistas sostienen que hay una radicalización por parte del gobierno de Ortega para acabar con cualquier voz crítica.
En ese sentido el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director del medio de investigación, Confidencial, dijo a la Voz de América que pese a las trabas impuestas por el gobierno, como la Ley de Ciberdelitos, que buscan “imponer un estado de censura y autocensura, el gobierno está fracasando”.
“El periodismo independiente sigue informando y los ciudadanos, a pesar de todas esas amenazas, la información se conoce. En Nicaragua no hay silencio, sí hay libertad de expresión, a pesar de esas condenas”, sostuvo Chamorro.
Añadió que a la ciudadanía le queda cuidarse, protegerse, y exponerse, pero eso no significa callarse “porque todas las investigaciones que seguimos publicando sobre la corrupción en el régimen, es por filtraciones que se están dando de servidores públicos del mismo gobierno de Daniel Ortega.
“Hay malestares en el gobierno y la población. Yo creo que está contribuyendo a que se conozca más la información”, concluyó.
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