El gobierno de Daniel Ortega destituyó este jueves al representante permanente de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, un día después de que este denunciara públicamente en este foro regional que en el país se vive una de las crisis de los derechos humanos más graves en los últimos años.
En primera instancia el gobierno de Ortega reaccionó con una carta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde indicaba que McFields no representaba a Nicaragua y que su representante ante la OEA era Francisco Campbell Hooker. El nombramiento en realidad fue realizado este jueves, cuando fue notificado en el boletín oficial.
“Dejar sin efecto el nombramiento de Arturo McFields en el cargo de representante permanente de la República de Nicaragua, con rango de embajador ante la OEA”, dice el acuerdo presidencial publicado en La Gaceta.
La denuncia de McFields representa un golpe para el gobierno de Ortega, que en todo momento ha negado las condiciones de torturas denunciadas por los familiares de los presos políticos, pero que también en apariencias se muestra cohesionado.
En 2019 también dimitió el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien a la fecha se encuentra exiliado en Costa Rica.
McFielfs dijo que su denuncia la hacía en nombre de más de 177 presos políticos que hay en Nicaragua y que con ello esperaba alentar al resto de los simpatizantes de Ortega.
“Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos, de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen, pierden su empleo", indicó el diplomático en una reunión del Consejo Permanente de la OEA.
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