![Observadores ciudadanos de Honduras han señalado supuesta corrupción de Juan Orlando Hernández, pero se desconoce si el Ministerio Público tenga abiertas investigaciones sobre casos relacionados. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/a8f27382-9649-4d5f-954c-e75c2b4f47b2_w250_r1_s.jpg)
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, del que hacen parte decenas de centros de investigación, académicos, entidades privadas y autónomas, considera que las operaciones irregulares del expresidente Juan Orlando Hernández en casi dos décadas en cargos públicos han minado el Estado de derecho en el país centroamericano, según un análisis pormenorizado hecho a través de su Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA).
“El señor Hernández se ha valido de una extensa trayectoria política en donde, aprovechando los distintos cargos públicos que ha ostentado, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental, con el objetivo de facilitar negocios ilícitos generando consigo el debilitamiento del Estado de derecho”, dice un estudio del CNA titulado 'La caída de un expresidente: Juan Orlando Hernández Alvarado'.
Esto ha llevado a una “normalización de la corrupción e impunidad” en el país, al existir todo un entramado que abarca distintas instancias del aparato de Estado, incluida la Justicia, en “un patrón metodológico para alcanzar dichos fines”, reza el informe.
El exmandatario, que será extraditado a Estados Unidos después de agotada su apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, no ha comentado sobre el contenido del informe.
El jefe de abogados del expresidente, Félix Ávila, dijo a VOA que no tenía comentario sobre esa investigación, al no ser parte de su “labor como defensa”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra el expresidente hondureño por supuesto narcotráfico, tenencia y comercio ilegal de armas de fuego, entre otros delitos, por los que enfrenta una orden de extradición y deberá responder en una Corte Federal en Nueva York.
En el documento de 48 páginas presentado por el CNA se detalla que la investigación ha profundizado sobre “el mecanismo de corrupción que estructuró el expresidente” desde su incursión en la administración pública.
“La investigación empieza en la entrada de Juan Orlando Hernández como diputado del Congreso Nacional en 2002, luego pasó a ser jefe de bandada del Partido Nacional entre 2005 y 2009, y después llegaría a la presidencia del hemiciclo legislativo en 2010", dice el informe.
Pero es el período previo al arribo a la Casa Presidencial en 2013 y los dos mandatos consecutivos hasta enero 2022 que ha sido escudriñado por los investigadores para detallar el supuesto enriquecimiento ilícito del exmandatario.
Propiedades de Juan Orlando Hernández
El informe del CNA cuantifica las propiedades del exmandatario en 109 bienes inmuebles, 267 millones de lempiras en inversiones y 11 empresas, aparte de otras propiedades en el exterior, todas adquiridas en un relativo “corto tiempo”.
Gran parte de los bienes han sido adquiridas con su esposa como propietaria, otros en clan familiar, así como negocios de inversiones que funcionan en buena parte operados por la familia, como hermanos y cuñados, entre ellos Tony Hernández, que purga cadena perpetua desde 2021 en Estados Unidos por narcotráfico, ahonda el estudio.
“El expresidente Hernández tiene numerosas posesiones en conjunto con su esposa y hermanos. Parte de los bienes del exmandatario Juan Orlando Hernández se encuentran en la capital de Tegucigalpa y los departamentos de Lempira y Olancho”, reza el informe.
El informe indica además que “la trayectoria de Hernández Alvarado refleja que desde cierto momento tuvo un ascenso fugaz como funcionario público; sin embargo, su ambición de poder se tradujo en una serie de actos que repercutieron sobre la sociedad hondureña y lo vincularon en pactos de impunidad con otros actores políticos corruptos y el crimen organizado, específicamente con personas ligadas al narcotráfico”.
También señala que es a partir de 2010, cuando Hernández asumió la presidencia del Congreso Nacional, cuando comenzaron a crecer sus proyectos inmobiliarios.
Desde entonces “la expareja presidencial registró siete empresas y 60 bienes inmuebles cuyo valor ronda en 7,8 millones de dólares”, señala el estudio de CNA, que se ha valido de trabajos de investigación periodística para encontrar documentos probatorios.
Datos del Registro Mercantil de Honduras también dan cuenta de que el expresidente, con sus hermanos Hilda (fallecida en un accidente aéreo en 2017) Alexia y Tony inscribieron la empresa de inversión en proyectos inmobiliarios y turísticos Inversiones Ducal Hernández Alvarado.
¿Qué propiedades tenía JOH antes de ser diputado?
El expresidente Hernández proviene de la zona rural en las afueras de la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira, donde creció en un núcleo familiar considerado como “clase rural acomodada”. En esa región inició su formación primaria en un liceo militar para luego llegar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se graduó como abogado.
En la capital reforzó su cercanía con el Partido Nacional y comenzó a abrirse paso hasta llegar a la nómina en la papeleta para diputados en las elecciones legislativas de noviembre de 2001, en las que resultó electo.
Hasta ese entonces se desconoce la existencia patrimonio de Juan Orlando Hernández en la capital. Según la investigación, es en 2003 cuando compró la primera casa, ya como funcionario público, la que tuvo un costo unos 50.000 dólares, en la colonia Rubén Darío, de Tegucigalpa.
Tres años después compró otra propiedad en la colonia Hato de Enmedio, por 99.844 dólares, y en 2006 otra nueva propiedad, por 88.864 dólares, en Colonia Tepeyac, todas en Tegucigalpa.
En 2011, cuando ya era presidente del Congreso Nacional, compró otra vivienda más por 201.131 dólares. Y en 2013, antes de arribar a la presidencia, obtuvo una propiedad más en Villas Las Palmeras de San Ignacio, a un costo de 240.995 dólares, según los registros de bienes inmuebles de Honduras.
Esta vivienda se convirtió en su domicilio privado durante sus dos mandatos, y de esta propiedad fue sacado esposado el 15 de febrero reciente para enfrentar el proceso de extradición.
“Es importante indicar que, en el marco del foro internacional contra la corrupción, realizado en octubre de 2021 en la ciudad de Washington, DC., el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) divulgó el mecanismo de corrupción en Honduras, donde se señaló frontalmente al ciudadano Juan Orlando Hernández como el principal actor de estos esquemas criminales dentro del país”, consigna la investigación del organismo.
Hasta el momento se desconoce si existen denuncias ante el Ministerio Público de Honduras por delitos de supuesta corrupción o enriquecimiento ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández.
Sin embargo, su equipo de abogados pidió a la CSJ, en la solicitud de apelación luego del fallo dado por el juez Edwin Ortez el 16 de marzo, que se revisaran al menos 32 denuncias interpuestas en su contra en Honduras, que abarcan asuntos de derechos humanos y delitos electorales.
¿Podrían mejorar mecanismos anticorrupción con una CICIH en Honduras?
El analista político Efraín Díaz-Arrivillaga explica a VOA que una eventual instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), solicitada por el actual gobierno de Xiomara Castro a la Organización de Naciones Unidas (ONU), podría dar seguimiento a investigaciones que dejó abiertas la comisión anticorrupción que fue cancelada por el gobierno de Juan Orlando Hernández.
“Eso se ve con buenos ojos, como una acción que es necesario hacerlo porque el poder judicial, el Ministerio Público han estado demasiado influenciados políticamente. Por lo tanto, se ha demostrado que por eso no han actuado (…) Pero sobre todo será muy crucial cómo se va integrar el nuevo poder judicial y el Tribunal Superior de Cuentas, que es el organismo controlador del Estado”, dijo Díaz-Arrivillaga.
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