La madrugada de este domingo, el congreso salvadoreño decretó el régimen de excepción por 30 días, luego que el presidente Nayib Bukele lo solicitara, como una medida para frenar la racha de homicidios que azota al país desde el viernes.
“Declárese en todo el territorio nacional ‘régimen de excepción’ derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña”, afirma el artículo número 2 del decreto publicado en el Diario Oficial de este domingo.
El artículo 1 del decreto explica que el objetivo del régimen de excepción es “facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos” a las instituciones de Seguridad Pública, a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”.
La solicitud ocurrió en el marco de un alza de homicidios: solo el viernes, según información difundida por la Policía Nacional Civil, fueron asesinadas 14 personas y el sábado otras 62, lo que da un total de 76 homicidios cometidos en 48 horas.
El sábado se convirtió así en el día con más muertes violentas en los últimos 20 años. Durante 2022, El Salvador ha tenido un promedio de 2.8 homicidios al día, pero con las cifras de los últimos dos días, ese promedio ha sido distorsionado.
El analista Carlos Carcash dijo a la Voz de América que las alzas de homicidios se deben “a reacciones de las pandillas ante acciones que toma el gobierno”. Carcash considera que en este caso las pandillas podrían estar reaccionando “a prebendas que el gobierno tenga que darles para mantener bajas las cifras de violencia”.
Esa, según él, podría ser la causa más inmediata. Una segunda posible causa, en opinión de Carcash, tiene que ver con una reacción a eventos como la extradición de líderes de las pandillas. “Se sabe que Estados Unidos está ejerciendo mucha presión sobre el gobierno de El Salvador, en particular sobre la Corte Suprema de Justicia para que se decida a extraditar a estos individuos”, en referencia al “Blue” y otros cabecillas de pandillas.
Una tercera posible causa, según Carcash es que “el gobierno pudiera estar cediendo ante la presión que ejerce Estados Unidos” y el alza de homicidios “puede ser un aviso de lo que podría ocurrir” en caso de que las extradiciones fueran autorizadas.
Bukele agregó en su cuenta de Twitter la mañana del domingo: “Servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente".
Al respecto, la investigadora Jeanette Aguilar dijo a la Voz de América que considera difícil precisar los factores o las causas que propiciaron el alza de homicidios en El Salvador. No obstante, considera que en el contexto del actuar acuerdo con las pandillas, parece que “las razones de fondo podrían estar asociadas a una fractura relacionada con desacuerdos o incumplimiento del lado del gobierno de algunos compromisos adoptados con estos grupos”.
Aguilar añadió que “estos grupos suelen ir aumentando las exigencias e incorporando nuevas demandas cuyo cumplimiento puede llegar a ser insostenible para los gobiernos”.
Ella señala que todo lo anterior ocurre, debido a que no hay una política estatal de seguridad y porque el gobierno no tiene el control de los territorios: “La jornada violenta de los días anteriores devela con contundencia la evidente incapacidad del gobierno de ejercer control en el territorio nacional, y muestra que el mediático plan control territorial no es más que una etiqueta publicitaria”.
El abogado y politólogo Wilson Sandoval considera que, en materia de políticas públicas, el régimen de excepción implica que “el plan control territorial no constituye una intervención real y eficiente del problema de seguridad” y “confirma que las fases del mismo jamás han llegado a que el Estado ejerza control real sobre el territorio nacional”. En su opinión a este medio dijo que quien controla el territorio en El Salvador son las pandillas. “El gobierno fue incapaz de prever los más de 50 asesinatos a nivel de servicios de inteligencia y de seguridad pública. En conclusión, sobre este aspecto: la ciudadanía está a total merced de las pandillas”.
Derechos suspendidos
El régimen de excepción suspende los derechos de asociación y reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones y el derecho a que la detención administrativa no exceda las 72 horas
Ante la medida, la directora del Wola para Centroamérica Ana María Méndez Dardón considera “muy grave lo que pasa en El Salvador”, entre lo que señala el llamado a una “cacería” que hizo el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado.
“Eso NO es gobernar democráticamente. La seguridad ciudadana es un derecho del salvadoreño, pero no a costa de prácticas autoritarias que se revertirán para el pueblo”, comentó Méndez Dardón en su cuenta de Twitter.
Al respecto, Sandoval advierte que el régimen de excepción implica que los ciudadanos queden expuestos a una suspensión de derechos sin que se determine el alcance preciso de ello. Por ejemplo, respecto al derecho de reunión, establecido en el artículo 7 de la Constitución de El Salvador, Sandoval considera que el ciudadano no sabe con claridad ¿con quiénes no se puede reunir? y “deja a total discreción de la Policía la detención de un ciudadano por el solo hecho de reunirse”.
Esa imprecisión, en palabras del abogado, “atentaría contra los estándares interamericanos de derechos humanos que protegen a los salvadoreños inocentes frente a un exabrupto de fuerza del Estado”.
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