![Una manifestación de partidarios del presidente Daniel Ortega, en Nicaragua. [Foto Archivo: AFP]](https://gdb.voanews.com/f6fe6a5c-2d14-46b8-a811-38d6fa1bdf7c_w250_r1_s.jpg)
El gobierno de Daniel Ortega parece derrumbarse a lo interno después que recientemente dos funcionarios de alto rango en el exterior han denunciado al mandatario por violaciones a los derechos humanos.
El efecto “boomerang” que ha detonado las renuncias sorprendentemente han sido las condiciones en las que se encuentran en los presos políticos en Nicaragua, muchos de ellos disidentes sandinistas, como la mítica exguerrillera Dora María Téllez.
La más reciente dimisión la anunció el abogado estadounidense Paul Reichler, quien se desempeñaba como asesor legal internacional para Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
En una carta pública divulgada por el periódico digital Confidencial el pasado fin de semana, el abogado que defendió a Ortega a nivel internacional por años, lo criticó por “haber reprimido despiadadamente” las manifestaciones en su contra en el año 2018 dejando ciertos de muertos, pero también reprochó los juicios a los más de 50 “ciudadanos destacados que se encuentran confinados en condiciones intolerables”.
“Es inconcebible para mí que el Daniel Ortega a quien orgullosamente serví hubiera destruido la democracia en cuya construcción él participó decisivamente y hubiera establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar, con elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia”, dice la misiva del funcionario.
De igual forma hace un duro reproche a Ortega por el “exilio forzado” en el que se encuentran varias prominentes figuras del sandinismo como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, también de los disidentes Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Julio López Campos “y muchos otros héroes sandinistas y no sandinistas de todas las tendencias políticas cuya libertad ha sido negada o amenazada”.
La denuncia de Reichler ha calzado justo con la de Arturo McFields Yescas, quien era representante de Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y recientemente expuso la situación que se vive en Managua.
“Se nos obliga a fingir, se nos obliga a llenar plazas, se nos obliga a repetir consignas, pero yo dije 'basta' y muchos funcionarios van a decir 'basta', y ojalá lo hagan en voz alta”, dijo McFields en una entrevista pasada a la Voz de América.
El exdiplomático también reveló que hay muchos funcionarios más en Nicaragua están renunciando en secreto y bajo el anonimato por temor a represalias.
Pero aunque el fenómeno pareciera nuevo no lo es. En el año 2018, cuando empezaron las manifestaciones contra el presidente Ortega, varios dimitieron, incluido el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, por tal razón el oficialismo impuso trabas para salir fuera del país a sus mismos funcionarios.
![Diputados oficialistas que controlan el Parlamento de Nicaragua votan a favor de una ley enviada por el Ejecutivo. [Foto: Houston Castillo Vado]](https://gdb.voanews.com/a192bb93-a443-445d-9ab4-236386f1b4bf_w100_r1.png)
Fisuras
Según analistas consultados por la Voz de América, esto demuestra que a nivel interno que hay inconformidad dentro del partido oficialista por las decisiones del Ejecutivo, pero sobre todo de las orientaciones de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es la segunda al mando.
El exdiputado opositor Enrique Sáenz considera que las renuncias demuestran que el gobierno de Daniel Ortega está lleno de fisuras que se van rompiendo poco a poco y se representa en sus funcionarios.
"No puedo decir que es una sintomatología general, pero si es la de al menos un sector que está inconforme", dice Sáenz.
El opositor agrega que las renuncias además de ser un golpe político es un golpe al estado de ánimo de los seguidores que le quedan a Ortega "y alienta a otros que empiezan a sentirse igual o parecido que McField".
Por su parte Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, comenta a la VOA que debido a que hay "una dictadura brutal que reprime de forma sistemática los derechos humanos de la población", hay críticas y disensiones.
"Los derechos humanos son constantemente abusados y cualquiera que se atreva a ejercer la libertad de expresión, la libertad de asociación, el disenso, a criticar a la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es perseguido le cancelan su personería jurídica para operar como ONG y algunas personas han sido sentenciadas injustamente", comenta Pappier.
¿Qué dicen las autoridades de Nicaragua?
En primera instancia el gobierno de Ortega reaccionó la pasada semana con una carta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la que indicaba que McFields no representaba a Nicaragua y que su representante ante la OEA era Francisco Campbell Hooker. El nombramiento en realidad fue realizado este jueves, cuando fue notificado en el boletín oficial.
“Dejar sin efecto el nombramiento de Arturo McFields en el cargo de representante permanente de la República de Nicaragua, con rango de embajador ante la OEA”, dice el acuerdo presidencial publicado en La Gaceta.
La escueta nota no aludió a las razones de la destitución e incluyó otros anuncios similares.
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