Un nuevo impuesto a quien pague con divisas o criptomonedas en Venezuela ha generado dudas y “caos” entre los comerciantes y ciudadanos comunes desde su aplicación, que comenzó la semana pasada.
La Voz de América aborda en detalle lo que significa este nuevo tributo a las grandes transacciones financieras, que según expertos va a “pechar” a quien no debe, solo por pagar con dólares u otras divisas la compra más básica, como un plátano en un supermercado.
1. Viejo impuesto reformado
No se trata en realidad de un nuevo impuesto, sino de una reforma que amplía un tributo ya existente en Venezuela. El oficialismo parlamentario modificó el decreto presidencial sobre el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que impulsó y aprobó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2015, bajo el amparo de una ley habilitante. Se le conoce en Venezuela como el IGTF.
La Gaceta Oficial Extraordinaria del 25 de febrero pasado precisa que se incluyen “nuevos contribuyentes” a ese impuesto. La norma la aprobó el chavismo en la Asamblea Nacional, donde tiene más de 250 diputados, de 277, y contó con la venia del gobierno de Nicolás Maduro.
Si bien se había debatido previamente que el impuesto podría elevarse hasta un 20% del monto total a pagar por bienes, productos y servicios, la normativa aprobada hace semanas establece dos: uno del 2% y otro del 3%.
Diputados del chavismo han asegurado que el impuesto puede ascender a entre 8% para cuentas corrientes en divisas, y 20% para quienes no están registrados en el sistema bancario venezolano. Este último porcentaje, el más alto, se calcula porque esta persona o negocio deja de cobrar el Impuesto al Valor Agregado (16%), más el IGTF (3%), y no paga la patente de actividad económica, según explicó el diputado Orlando Camacho al diario Últimas Noticias.
2. ¿Quiénes lo pagan?
La ley de 2015, en esencia, obliga a pagar el IGTF en Venezuela a quienes califiquen como “contribuyentes especiales” del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) o a aquellos que estén vinculados jurídicamente con ellos o realicen pagos mediante sus cuentas.
En Venezuela se categoriza como contribuyente especial a la persona natural que supere las 7.500 unidades tributarias de ingresos brutos anuales en su última declaración anual (150 bolívares o 34 dólares). También incluye a todo aquel negocio que haya registrado ingresos brutos mayores a 30.000 unidades tributarias (600 bolívares o 139 dólares) en el último año fiscal.
Originalmente, la alícuota de IGTF de estas figuras era de 0,75%, pero una reforma en 2018 lo fijó en 1%. Luego de la modificación de febrero pasado, la normativa establece que estas figuras “especiales” pagarán 2% de IGTF.
Ahora la reforma que entró en vigencia añade dos artículos para establecer que pagarán el 3% todas las “personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica” que realicen pagos en “moneda distinta a la de curso legal”, es decir, cualquiera que no sea el bolívar venezolano, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por el gobierno.
También lo pagarán todos aquellos que realicen pagos “a personas calificadas como sujeto pasivo especial” en divisas, criptomonedas o criptoactivos.
Manuel Sutherland, economista, explica a la Voz de América que el IGTF dejó de ser un tributo a grandes transacciones para transfigurarse en un impuesto que aplicará a prácticamente cualquier venezolano que pague con divisas.
“Cualquier persona que compre un kilo de plátano, y le cueste un dólar, va a pagar 0,03 dólares de impuesto si lo paga con un billete de un dólar en un supermercado. Si lo compra en la calle o en un camión, no le cobran”, precisa.
3. ¿Quiénes no lo pagan?
La reforma al decreto ley del IGTF incluye nuevas exenciones. No estarán obligados a pagarlo quienes realicen “débitos de compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados” por el Estado.
Tampoco aplica para operaciones cambiarias oficiales, ni a pagos en bolívares con tarjetas de débito o crédito nacionales e internacionales desde cuentas en divisas “a través de puntos de pago debidamente autorizados”, salvo los realizados por contribuyentes especiales, según especifica la reforma.
El IGTF, asimismo, no aplica para pagos en divisas o criptoactivos realizados “a personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que no están clasificados como sujetos pasivos especiales”.
También están exentas las remesas enviadas desde el exterior mediante “instituciones autorizadas” para ello.
La ley original establecía exenciones para operaciones como “el primer endoso en cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo” o “los débitos o retiros realizados en cuentas de la Cámara de Compensación Bancaria”.
4. El objetivo del gobierno
La principal razón del chavismo para pechar este nuevo impuesto a personas naturales que paguen con divisas o criptoactivos es que esas transacciones “aporten al gasto fiscal”, según explicó el diputado Orlando Camacho.
Según firmas privadas, cerca de 70% de las transacciones comerciales en las principales ciudades de Venezuela se realizan con divisas, generalmente con dólares en efectivo o transferencias con aplicaciones tipo Zelle o PayPal.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dice que el gobierno busca “recuperar la economía” del país y seguir abonando al “crecimiento”.
Otros legisladores aseguran que la recaudación de este impuesto a más contribuyentes ayudará a mejorar los servicios públicos del país, pagar pensiones y cumplir con los salarios de los trabajadores del Estado.
Otro de los objetivos es estimular el uso del bolívar, como lo anunció en diciembre pasado la vicepresidenta del gobierno, Delcy Rodríguez.
5. ¿Impuesto de ricos o para todos?
El chavismo ha defendido la aplicación del IGTF a quienes pagan con divisas como un tributo cobrado a “los ricos y grandes comerciantes” de Venezuela, según palabras del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Su cobro a nuevos contribuyentes ocurre justo cuando el país suramericano acaba de salir de un ciclo hiperinflacionario de más de cuatro años al hilo y en medio de una comprometida situación económica que, según la oposición política a Maduro, generó una “emergencia humanitaria compleja”.
El impuesto “rompe la inmunidad tributaria” del ciudadano común, como los millones de pensionados que pudieran tener contados recursos en divisas, advierte el economista Manuel Sutherland. A su juicio, es un error pensar que toda persona que posea divisas en Venezuela tiene recursos para pagar impuestos adicionales en la compra de sus bienes y productos más básicos.
6. El “caos” comercial
La primera semana de aplicación del IGTF fue un “caos total”, dijo este lunes el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios.
El vocero gremial criticó la “improvisación” y la falta de mecanismos para consultar a la ciudadanía sobre ese nuevo impuesto. Según cálculos de la organización nacional de comerciantes de Venezuela, Consecomercio, solo 25% de los negocios pudo cobrar el IGTF en sus primeros días de vigencia.
Los comerciantes advierten que la adecuación de sus máquinas fiscales puede costarles hasta 1.000 dólares y toma mayor tiempo del que se les ha dado.
Su activación también ha sido “confusa” para el ciudadano y le frustra en sus compras regulares, según el economista Sutherland. El Estado venezolano también se enfrenta a la dificultad de verificación de su cobro, dice.
“Se hace demasiado complicado al Seniat verificar si las personas pagaron en divisas o no. Sería una fiscalización muy difícil de llevar a cabo y creo que bastante costosa. No creo que haya sido una propuesta inteligente”, apunta.
Según el experto, una forma “más elegante” de aumentar el uso del bolívar por parte del ciudadano hubiese sido otorgar créditos en moneda nacional o garantizar su disponibilidad en todos los cajeros automáticos y bancos.
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