La situación de los presos políticos en Venezuela, sometidos a torturas y otras violaciones a sus derechos humanos, podría ser el resultado de una copia del modelo cubano, concluye el abogado, Joel García, que al escuchar las ponencias de sus colegas en un foro del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP), insistió en que las realidades de los detenidos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua son muy parecidas.
“No tenemos diferencia alguna con respecto a Cuba, Venezuela está militarizada de hecho. Quizás en el caso de Nicaragua quizás sea un híbrido entre Cuba y Venezuela lo que ellos están viviendo”, dijo el defensor de derechos fundamentales.
Humberto Prado, director de OLAP, coincide en que el “ensañamiento “contra presos políticos, “es una regla en estos tres países”, donde, aseguró, se impone la “voluntad arbitraria de los cuerpos militares y policiales”.
Wendy Flores, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pide desde el exilio la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el país centroamericano.
Al respecto y cuestionando que existan asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ocupados por Estados señalados de cometer violaciones a los derechos fundamentales, Prado se refirió a la necesidad de que se lleven a cabo reformas en las instancias internacionales defensoras de derechos humanos.
“Impulsemos una mesa judicial regional para proponerle a los organismos tanto del sistema interamericano como del sistema universal de derechos humanos, en cuanto a sus instrumentos para que estén acorde a la situación actual que tiene cada uno de los países, porque muchas veces estos instrumentos tienen una vigencia de muchos años y no están actualizados”, expuso.
De acuerdo a la Coalición por los Derechos Humanos, actualmente en Venezuela existen 322 presos políticos, de los cuales 193 son militares.
Recientemente el Gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de “reformas” en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran “el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes”.
En noviembre del año pasado la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
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