El Parlamento nicaragüense controlado por el presidente Daniel Ortega endurecerá las leyes aprobadas en 2020, en especial la Ley de Soberanía, bajo la cual se han arrestado a los principales opositores que a la fecha siguen bajo prisión por varios cargos.
Después de un proceso de supuesta consulta realizado en el Parlamento durante dos meses, los legisladores que se reunieron con funcionarios de los otros poderes del Estado, sugirieron agregar reformas, dentro de estas una llamada “Extinción del dominio”, que consiste en confiscar los bienes a quienes violenten la Ley 1055, Ley de Soberanía.
También sugieren incrementar la pena de 15 a 20 años de prisión a quien recurra en dicho delito.
Según el documento oficial, las supuestas víctimas de las protestas de 2018, pidieron que las penas deberían ser más severas “y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista”.
“Lo que se hizo fue un proceso de consulta en donde asistieron representantes de instituciones del gobierno como la Policía, Ministerio Público, la Procuraduría de derechos humanos, la Contraloría de la República, el Poder Judicial. También asistieron supuestas víctimas, así les llamo yo porque las que llegaron nada más son afines al gobierno”, dijo el diputado y vicepresidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Rivera vía telefónica a la Voz de América.
Según Rivera, quien estuvo en el proceso de consultas, el siguiente paso es la creación de una comisión interinstitucional que analizará las reformas sugeridas y luego pasarán nuevamente a la comisión de justicia para finalmente ser aprobadas en la Asamblea de mayoría oficialista.
“Una vez que preparen la propuesta de reforma, va a llegar a la comisión porque ahí los diputados van a realizar el dictamen que luego va a ser llevado al plenario para su discusión y aprobación”, indicó Rivera.
Prevén una nueva ola represiva
El abogado y exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán comenta a la VOA que la mayoría de leyes aprobadas en los últimos años han seguido el mismo patrón y se adaptan a las “necesidades represivas del contexto”, por lo tanto no descarta que sean aplicadas a opositores que sean arrestados nuevamente.
“Primero ejecutan de forma práctica los caprichos del Carmen (residencia del presidente Ortega) y después crean los mecanismos o “justificación” legal”, indica Morazán.
El exfuncionario asegura que así ocurrió con el paquete de leyes surgidas a partir del cuarto trimestre del 2020.
“Primero se persiguió a las oenegés del país y para justificar legalmente tal acción, se creó la Ley de Agentes Extranjeros. Igual sucedió con la persecución y encarcelación de los líderes de la oposición formal, en los que se creo la Ley de Soberanía, Ley de Ciber Delitos y reforma al Código Procesal Penal, para así convalidar legalmente la persecución y detención arbitraria de hasta por 90 días sin acusación formal en contra de opositores”, dijo Morazán.
Actualmente se encuentran en prisión más de 50 líderes de la oposición en Nicaragua, entre ellos seis candidatos presidenciales que pretendían participar en los comicios de noviembre de 2021.
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