Una decena de exmilitares colombianos podrían ser los primeros sancionados por el Tribunal de Paz luego de aceptar públicamente que secuestraron y asesinaron a más de un centenar de jóvenes y campesinos a los que hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate, conocidos en Colombia como “falsos positivos”.
Néstor Guillermo Gutiérrez, quien fuera cabo primero del ejército, confesó haber hecho una lista de hasta 15 supuestos colaboradores de la guerrilla y luego empezar a “ejecutar inocentes”. Javier Peñuela, una de sus víctimas, fue raptado por miembros del ejército cuando salió de su casa para ver al médico. Luego de asesinarlo, dijo Gutiérrez, le pusieron un arma para simular que era un combatiente.
“Había un planeamiento, las armas se conseguían por medio de los paramilitares… maquinamos, hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos”, confesó ante los familiares de las víctimas en la primera audiencia pública en la que victimarios reconocieron su responsabilidad ante el Tribunal de Paz.
El excoronel Rubén Darío Castro admitió haber presionado a sus subalternos para presentar bajas “a como diera lugar” y dar premios que incluían permisos y condecoraciones a quienes lo lograban.
Detallado y exhaustivo, así tiene que ser el relato de los victimarios según el Tribunal de Paz y de eso depende que reciban sanciones que no impliquen ir a la cárcel.
Lo declarado en la audiencia fue una verdad cruda y al tiempo esperada por más de una década por los familiares de las víctimas de los “falsos positivos”. El Tribunal de Paz calcula que la cifra de víctimas asciende a 6.402, la mayoría asesinados entre 2002 y 2008.
“Para mí fue muy duro oír que decían que les quitaban los papeles (de identidad) y los quemaban, que los torturaban, que los escondían y cuándo los asesinaban”, dijo a The Associated Press Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales, una de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, se prepara para emitir su primera sentencia y así cumplir con su misión de juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en cinco décadas de conflicto armado en Colombia.
Las acciones bélicas causaron la muerte de más de 262.000 personas, el reclutamiento forzado de 17.000 menores de edad y la desaparición de unas 80.000 personas, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Luego de la audiencia de reconocimiento de responsabilidad, el tribunal va a evaluar los aportes de cada compareciente y atender los alegatos de las víctimas y tendrá un plazo de hasta tres meses para emitir una resolución en la que sugerirá sanciones. Después, otra sección del tribunal estudiará las pruebas y se encargará de imponer las penas.
Si el tribunal define que no hay un reconocimiento de los victimarios podrían ser condenados a entre 15 y 20 años de cárcel. En caso de que el reconocimiento sea tardío, podrán tener una pena menos severa de entre 5 y 8 años de privación de la libertad. En tanto, quienes aporten la verdad con detalle podrán ser sancionados reparando a las víctimas con programas de sustitución de cultivos ilícitos, recuperación ambiental, alfabetización, mejoras en infraestructura u otras que sean acordadas con las víctimas.
“Fue muy escaso lo que dijeron, se necesita que digan quiénes les daban las órdenes para cometer esos asesinatos. No dicen nombres, necesitamos que no solamente hablen ellos, que son culpables, sino que traigan más generales, más tenientes, a todos”, agregó Tejada, quien por dos días escuchó las confesiones de los exmilitares.
Un sector liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) ha denunciado que el Tribunal de Paz dará impunidad a los máximos responsables de delitos graves como el secuestro y el reclutamiento forzado de menores ante la posibilidad de que no paguen ni un día de cárcel.
Sin embargo, mucha gente en Colombia defiende el acuerdo de paz, incluidas familias que han esperado respuestas sobre la desaparición y asesinatos de sus familiares o dónde están sus restos.
“Señores oficiales en retiro, no tengan miedo en destapar completamente esta empresa criminal, nadie los va a matar, creo que es suficiente con que ustedes carguen la culpa y la vergüenza siempre”, dijo Álvaro Marulanda, hermano de Martín, un paciente psiquiátrico que fue raptado y luego apareció asesinado por el ejército.
Marulanda les pidió a los exmilitares dar nombres específicos de oficiales de alto nivel que habrían ordenado las ejecuciones extrajudiciales y específicamente reclamó que Uribe y su entonces ministro de Defensa y posterior presidente, Juan Manuel Santos, se presenten voluntariamente al Tribunal de Paz.
Uribe ha dicho públicamente que no hubo una política de gobierno que impulsara los “falsos positivos”. “No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”, aseguró en febrero de 2021.
Santos, por su parte, pidió perdón públicamente a las víctimas ese mismo año y explicó que primero oyó “rumores” que desestimó por falta de evidencia y luego, junto a Uribe, suspendieron a 20 oficiales y siete suboficiales del ejército en medio de las denuncias públicas.
Así como los exmilitares, los excombatientes de las FARC rendirán cuentas públicamente ante el tribunal y las víctimas en las próximas audiencias -programadas entre el 31 de mayo y el 6 de junio- para que reconozcan y den detalles de los más de 21.000 secuestros que cometieron.
La firma del acuerdo de paz no significó el cese del conflicto interno ya que continuaron delinquiendo otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en Colombia, y grupos de disidentes de las extintas FARC que se rearmaron.
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