![Las penas impuestas a políticos, empresarios y figuras relevantes de Nicaragua opuestas al gobierno de Daniel Ortega oscilan entre 7 y 13 años de prisión.Los precandidatos presidenciales detenidos en Nicaragua. [VOA]](https://gdb.voanews.com/093e0000-0a00-0242-2b59-08da057da946_w250_r1_s.png)
La justicia de Nicaragua condenó el martes por la noche al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Heally, a 13 años de cárcel. De igual forma fue condenado el vicepresidente de esta gremial, Álvaro Vargas, a nueve años de prisión, informó el centro de derechos humanos Cenidh.
Tanto Heally como Vargas ya habían sido declarados culpables el 29 de abril por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en un juicio realizado a puertas cerradas en las celdas conocidas como El Chipote, en Managua, donde se encuentran detenidos desde 2021.
Con la condena de ambos dirigentes gremiales, culminan los juicios políticos ordenados por el gobierno de Daniel Ortega contra unos 50 líderes y figuras del país críticos de sus políticas. Las penas impuestas oscilan entre 7 y 13 años de prisión.
Entre los condenados se encuentran los siete opositores que aspiraban competir con Ortega en los comicios del 7 de noviembre, en los que el mandatario se impuso para un nuevo período de cinco años más.
Miguel Mora, precandidato del Partido de Restauración Democrática fue condenado a 13 años de cárcel; la misma pena fue declarada para los otros aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Noel Vidaurre.
La pena menor la recibió Cristiana Chamorro, también aspirante a la presidencia, que cumple ocho años de cárcel pero en condición de arresto domiciliar.
“Sentencias cierran una fase de la dictadura”
Con las condenas de los 50 opositores nicaragüenses, el panorama sigue siendo incierto en el país, dicen a la VOA algunos críticos de Ortega que se encuentran exiliados por temor a ser detenidos.
Recientemente Laureano Ortega, hijo del mandatario Daniel Ortega intentó acercarse a Washington en busca de reducir las sanciones impuestas por Washington al entorno político de Managua. Estados Unidos confirmó que mantiene "comunicación" con las autoridades de Nicaragua pero otros progresos en ese diálogo se desconocen.
Por ahora y contrario a los pronósticos, el oficialismo anunció una serie de reformas a las leyes en virtud de las cuales fueron detenidos los opositores.
“Con las sentencias dictadas, la dictadura cierra una fase de represión”, dice a la VOA el dirigente opositor Héctor Mairena, de UNAMOS.
En UNAMOS se encuentran aglutinados disidentes sandinistas como la exguerrillera Dora María Téllez, Suyen Barahona; Ana Margarita Vigil y Víctor Hugo Tinoco, todos estos también en prisión.
Mairena ve con alarma el panorama en Nicaragua y asegura que la última sentencia es “una agresión directa” contra el empresariado y lamentó el silencio de este gremio.
“Estas sentencias y penas son parte de lo que los especialistas han llamado la institucionalización del estado autoritario. La condena contra los empresarios es una agresión directa contra un sector importante. Lamentablemente aún no reaccionan“, dijo Mairena vía telefónica a la VOA.
Estados Unidos ha tildado los juicios en Nicaragua como “una burla” cargada de irregularidades procesales, según dijo a la VOA un portavoz del Departamento de Estado.
“Estos juicios parecen tener la intención de aterrorizar y desalentar a otros nicaragüenses de ejercer sus derechos”, dijo EE UU.
Ortega comenzó a encarcelar a sus críticos desde mayo de 2021, en pleno año electoral, cuando las encuestas no eran favorables al mandatario sandinista. Nicaragua atraviesa una crisis política desde 2018, a partir de las protestas que dejaron más de 300 muertos, de acuerdo a organismos de derechos humanos.
El presidente sandinista ha dicho que las protestas fueron un intento de golpe de Estado de la oposición junto a sectores empresariales, eclesiásticos y de movimientos sociales.
“Con estas injustas condenas se cierra el ciclo de persecución judicial contra los presos políticos que están el El Chipote y bajo arresto domiciliar. Demandamos que las autoridades superiores revoquen estos injustos encarcelamientos e ilegales condenas”, ha dicho al respecto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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