![Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras el pasado 27 de enero de 2022. [Gráfica VOA]](https://gdb.voanews.com/03190000-0aff-0242-7c0a-08da3404db38_w250_r1_s.png)
Xiomara Castro cumplió 100 días como presidenta de Honduras el pasado sábado 7 de mayo. La primera mujer en el cargo en la historia del país, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), había sucedido a Juan Orlando Hernández, extraditado en abril a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y a tres mandatos del Partido Nacional (PNH), de derecha.
El Partido Libre surgió en 2011 por iniciativa del Frente Nacional de Resistencia Popular y de exmiembros de la otra formación tradicional del país junto al PNH, el Partido Liberal, tras el golpe de Estado en 2009 contra Manuel Zelaya, esposo de Castro.
Con ese trasfondo, y el de una “tragedia social y económica”, la presidenta asumió el 27 de enero con una “propuesta de refundación del Estado socialista y democrático”, en línea con su plan de gobierno.
![Activistas reunidos fuera de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, ante audiencia de presentación de cargos contra el expresidente Juan Orlando Hernández el martes, 10 de mayo de 2022. [Foto: VOA / Ronen Suarc]](https://gdb.voanews.com/03190000-0aff-0242-fd9a-08da329a127a_w100_r1.jpeg)
En aquel discurso, Castro hizo 21 promesas finales, 22 si se cuenta la propia “refundación”, de las cuales ha cumplido siete, ha dado pasos en 11 y apenas o no ha avanzado en otras tres o cuatro. De la mayoría dio cuenta en su balance a los 100 días de gobierno, en el que mantuvo su enfoque de transformación económica, política y social, aunque algunas han sido cuestionadas en su planteamiento o ejecución.
La apuesta económica
Un punto fuerte de Xiomara Castro en ambos discursos fue la situación económica del país. Después del golpe de la pandemia y los huracanes en 2020, y del crecimiento del 11,9% en 2021 y del 3,1% proyectado para 2022, “se espera que los niveles de pobreza y desigualdad se mantengan por encima de los niveles previos a la crisis”, recoge el Banco Mundial.
Frente a ello, la presidenta prometió subsidiar la energía para “más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilovatios por mes” con aportes de los “altos consumidores”. El decreto se aprobó en febrero y 1.334.648 usuarios dejaron de facturar 540,9 millones de lempiras mensuales (más de 22 millones de dólares).
Sin embargo, el 60% del cargo pasó al Estado y el 40% al sector industrial y comercial, según el propio secretario de Energía, Erick Tejada. Además, analistas consultados en marzo por el medio Criterio.hn apuntaban que la medida, al no ser focalizada, podía prestarse para nuevos encarecimientos.
Castro también cumplió entonces su promesa de subsidiar los combustibles para “lograr una reducción de los precios”. Con otro decreto, redujo el precio de la gasolina en unas 10 lempiras (0,4 dólares) por galón, aunque la guerra a raíz de la invasión rusa de Ucrania desde finales de febrero ha encarecido los precios por todo el mundo.
Otra bandera de la presidenta hondureña era “desmontar” las zonas de empleo y desarrollo económico (Zedes). El Congreso, a iniciativa del Gobierno, aprobó en abril por unanimidad derogar la ley de 2013 que creaba estos territorios con autonomía judicial, política, económica y administrativa.
Aun así, pese a su polémica por supeditar mano de obra barata o la explotación de recursos naturales con opacidad a empresas nacionales y extranjeras, las Zedes previas a la derogación mantendrán sus operaciones bajo la ley hondureña.
La “reforma inmediata” al presupuesto nacional también se llevó a cabo en abril. En este caso, con un aumento de 51.000 millones de lempiras para un total de 360.000 millones, unos 14.700 millones de dólares. El pago de la deuda y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son los ámbitos protagonistas, y los mayores incrementos se dieron en salud y educación.
Por otro lado, la concentración en el “desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria” junto con el objetivo de “renegociar” el TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana no se han traducido en una política o en pasos concretos, respectivamente.
El Gobierno apunta de momento a iniciativas como el Proyecto Integrando la Innovación para Competitividad Rural, con el Banco Mundial, para un país que tendrá 2,6 de 10 millones de habitantes viviendo en situación de inseguridad alimentaria entre junio y agosto, según un informe del Sistema de Integración Centroamericana.
Tampoco han trascendido por ahora políticas para la “especial atención en el desarrollo agroforestal, el desarrollo industrial, la promoción del turismo y una estricta política fiscal y monetaria”, ni “mecanismos legales de mercado para la disminución de los intereses bancarios para la producción”.
Leyes, política e instituciones
En el fondo, Xiomara Castro ha reiterado ser la primera mujer presidenta de Honduras para liderar un cambio respecto a los últimos Gobiernos. En ese sentido, prometió leyes de condena al golpe de Estado de 2009 y de amnistía “para los presos políticos, de conciencia y en el exilio”.
Aunque aprobó ambas medidas en febrero con la Ley para la Reconstrucción Constitucional y para que los Hechos no se Repitan, la segunda se ha tildado de “pacto de impunidad” en favor de funcionarios del Gobierno de Zelaya acusados de corrupción.
Ahora bien, aunque la presidenta no especificó en enero las “medidas urgentes” que había defendido en campaña “para la refundación de Honduras”, ni las retomó el 7 de mayo, sí ha derogado la Ley de Clasificación de Documentos Públicos o la Ley de Empleo por Hora.
Aun así, en Honduras todavía se criminaliza la protesta, la Fiscalía anticorrupción le ha exigido al Congreso eliminar las leyes que la blindan, en línea con las promesas pendientes de Castro, y su Gobierno ha repetido la fórmula de incorporar familiares en puestos clave.
En cuanto a la “consulta popular sobre reformas constitucionales” en 2022, el Ejecutivo hondureño no ha especificado los temas ni fecha tentativa, pero ya dio un paso al ampliar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral en 400 millones de lempiras, unos 16,3 millones de dólares. Asimismo, el camino hacia la posible Comisión Nacional e Internacional para el Combate Frontal a la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), con apoyo de la ONU, inició este 9 de mayo con la llegada de una misión exploratoria que analizará si es viable.
Mientras tanto, el Gobierno no ha dado a conocer planes específicos para sus propuestas de “política exterior ciudadana centroamericanista, latinoamericana, soberana y solidaria”.
De momento, no obstante, ha tenido como hito haber restablecido relaciones con Estados Unidos, que envió a su vicepresidenta, Kamala Harris, a la posesión de Castro, y que nombró embajadora a Laura Farnsworth Dogu. Honduras también envió una comitiva en abril.
El “Estado abierto y república digital [...] para impulsar el desarrollo del país” atraviesa una situación similar. El Gobierno no ha especificado planes al respecto y por ahora está llevando a cabo alianzas con partes como Corea del Sur, clave para el anterior Plan Maestro de Gobierno Digital, como repasa un informe de la Cepal, que ya ha permitido hacer trámites en el Estado hondureño de forma telemática.
El reto social y medioambiental
Como parte del cambio que propone, Xiomara Castro le dio lugar en su posesión y en su balance a situaciones que busca desestancar. El aumento al presupuesto nacional, por ejemplo, cumplía otra promesa al elevarlo en el Ministerio de Educación. En este caso cumplió en abril con el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas, después de dos años y con matrícula gratis, pero todavía no con que haya merienda o mascarillas, vacunas o mascarillas suficientes.
En cuanto a la “atención precisa” para “adultos mayores, personas con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes, y comunidad LGTBI”, el Gobierno ha impulsado la Secretaría para el Desarrollo Social (Sedesol), aunque no ha dado a conocer políticas concretas para las distintas poblaciones. Además, creó la Secretaría de la Mujer, donde tiene retos para frenar las violencias y promover sus derechos, como despenalizar el aborto en las tres causales básicas en un país que lo penaliza en su totalidad.
El otro gran frente para el Gobierno de Xiomara Castro es el medioambiente y abordar las dificultades para defenderlo, como refleja su plan de gobierno. De momento ya cumplió con que los seis defensores del río y la comunidad de Guapinol recobraran su libertad en febrero por una absolución de la Corte Suprema de Justicia después de dos años y medio de prisión preventiva.
Sobre ellos pesaban distintos cargos tras haberse opuesto a una concesión minera, y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales exigían su liberación.
De hecho, la gran promesa ambiental de la presidenta hondureña era que no hubiera “más permisos de minas abiertas”, o “concesiones en la explotación de ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados”.
Si bien Castro declaró en febrero al país “libre de minería a cielo abierto” y el Gobierno no ha otorgado más concesiones, las mineras siguen operando y el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, cambió su discurso por el de vigilar el extractivismo.
Entretanto, la criminalización contra quienes se oponen ha sido sinónimo de la ambientalista Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, ganadora del Premio Goldman en 2015 y asesinada en 2016.
Aunque tras la condena en 2021 como autor intelectual al exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos, David Castillo, en teoría no depende del Gobierno de Castro cumplir su promesa de que se termine de hacer justicia en un caso para el que ha llevado a cabo reparaciones simbólicas.
Otro nombre relacionado con el medioambiente es Andrés Tamayo, sacerdote miembro del Movimiento Ambientalista de Olancho, también ganador del Premio Goldman por su oposición a la tala ilegal de bosques y expulsado del país tras el golpe de Estado de 2009. El Gobierno cumplió su promesa de restituirle la nacionalidad, aunque a través de la en parte criticada Ley de Amnistía.
Por último, para la propia “protección del medio ambiente”, el Gobierno de Castro declaró la emergencia ambiental en marzo y empezó a cumplir su promesa de trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas: en abril ordenó desplazar 2.000 tropas especializadas hacia áreas protegidas. Sin embargo, también cambió de posición y decidió mantener una carretera ilegal que afecta a la reserva Biósfera del Río Plátano, al noreste del país.
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