La ruptura de un supuesto pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele con tres pandillas en El Salvador, habría desencadenado una serie de asesinatos masivos el pasado mes de marzo, los cuales dieron pie a la implementación del régimen de excepción vigente en ese país.
Según una investigación, del medio independiente El Faro, los 87 homicidios ocurridos entre el 25 y 27 de marzo pasado fueron una respuesta del grupo criminal conocido como MS-13 a la captura de pandilleros que viajaban en un vehículo propiedad del gobierno.
El medio, no solo publica testimonios de los pandilleros, también divulga siete grabaciones en las que presuntamente se escucha al director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador, Carlos Marroquín, afirmar que el acuerdo con la MS-13 no puede llegar a su fin.
En las grabaciones, Marroquín, responsabiliza al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, por lo sucedido y lo califica de "loco” y asegura está comunicando al presidente del país los mensajes enviados por las pandillas.
También se le escucha admitir haber dejado en libertad y ayudado a huir a Guatemala a uno de los cabecillas de la MS-13, Elmer Rivera Canales, alias 'Crook', quien es requerido desde 2021 por la justicia de EEUU por cargos de terrorismo.
Marroquin, sancionado en 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos -junto al director de centros penales de El Salvador, Osiris Luna- por sostener negociaciones secretas con las maras, no ha reaccionado sobre el tema ni tampoco el presidente Bukele.
Sin embargo, el presidente salvadoreño ha dicho anteriormente, que no existe ningún tipo de negociación con pandillas y afirma que está en guerra contra ellos.
Capturas
La policía del país en su último reporte dijo que en casi dos meses de estar vigente el régimen de excepción han capturado a 32.002 supuestos miembros de pandillas a nivel nacional.
Según autoridades la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador y están catalogadas como las bandas criminales más violentas.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la detención de decenas de jóvenes ajenos a las pandillas.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, defendió el 5 de mayo ante representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) la ofensiva del gobierno contra las pandillas.
"El Estado salvadoreño cuenta con la asistencia de jus ad bellum [en latín, "derecho a la guerra"] para defender al pueblo contra la violencia criminal de las pandillas", dijo.
El funcionario también defendió, en una entrevista con la Voz de América, la polémica reforma al Código Penal de El Salvador, en el marco del régimen de excepción, que amenaza a los medios de comunicación con cárcel si reproducen mensajes de las pandillas.
* Con información de El Faro, Reuters y AFP.
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