Cuatro de nueve jóvenes detenidos el pasado martes en la capital venezolana, tras participar en una protesta pacífica, fueron trasladados a los tribunales el jueves por la noche.
Los acusan por los supuestos delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública, informó la Coalición por los Derechos Humanos.
Horas antes, los militantes del partido Voluntad Popular, liderado por el exiliado líder opositor Leopoldo López, permanecieron en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde establecieron contacto con sus familiares 48 horas después de su detención, confirmó la organización Justicia, Encuentro y Perdón.
A pesar de contar con abogados privados, se les impuso la asistencia de defensores públicos, denunció Delsa Solórzano, presidenta de la comisión especial de Justicia y Paz del Parlamento de 2015.
Previamente, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos habían denunciado su “desaparición forzosa”.
Los jóvenes fueron detenidos después de rendir homenaje a un joven que murió durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017.
La Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a la mayoría de la oposición, había confirmado que los otros 5 jóvenes detenidos fueron liberados el miércoles y cuestionó que hayan permanecido en una de las sedes de DGCIM por ser hecho de ser civiles.
“Llevarlos a una prisión militar es otro acto violatorio del debido proceso. Los calabozos de DGCIM son un centro de torturas donde hay decenas de prisioneros y donde fue asesinado el capitán Acosta Arévalo”, expuso un comunicado divulgado el jueves por la tarde.
La Plataforma Unitaria exhortó a los organismos internacionales de derechos humanos a “generar” acciones inmediatas para lograr la libertad de los estudiantes detenidos.
“Estos hechos se traducen en un acto más de violación de los Derechos Humanos y ratifica la ausencia absoluta de Estado de Derecho que reina en el país, y las razones por las cuales la Corte Penal Internacional mantiene abierta la investigación crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, añadió el comunicado.
Jesús Mendoza, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, responsabilizó al Estado venezolano por “absolutamente todo lo que les pase” a los estudiantes.
“Hoy lamentablemente no sabemos cómo están y no sabemos dónde están. Hoy la exigencia de la Federación de Centros Universitarios es clara: saber dónde están, saber si se les va a respetar el debido proceso y que sean liberados de manera inmediata porque no han hecho absolutamente nada”, dijo en conferencia de prensa el jueves por la mañana.
Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, en el este de Caracas, lugar donde ocurrieron los hechos, dijo que los jóvenes fueron detenidos por Polichacao para recibir una charla formativa tras escribir consignas en paredes donde se lleva a cabo una obra artística.
Según Duque, posteriormente fueron tomados en custodia por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana.
El alcalde, señalado por diversos activistas opositores de haberlos entregado al GOES, subrayó que los jóvenes cometieron una falta, pero no un delito, por lo que exigió su inmediata liberación.
En abril, durante su segunda visita a Venezuela, el fiscal de la CPI Karim Khan anunció que acordó con el Estado venezolano abrir una oficina en Caracas.
En noviembre del año pasado la fiscalía de la CPI ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
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