La justicia hondureña condenó a 22 años y seis meses de cárcel al autor intelectual del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, en 2016.
Roberto David Castillo Mejía, fue declarado culpable por un Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Castillo Mejía, era el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía y que, según el Ministerio Público (MP), fue desde donde se ordenó el crimen de la ambientalista.
La activista, asesinada a tiros la noche del 2 de marzo de 2016 en su lugar de residencia a unos 200 km de Tegucigalpa, fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), entidad que lucha por los derechos de los lencas. Además ganó el Premio Medioambiental Goldman en 2015.
A través de un comunicado de prensa publicado en la cuenta oficial de Twitter, la Corte Suprema de Justicia de Honduras, citó que durante el proceso judicial fueron presentadas pruebas “suficientes para quebrantar el estado de inocencia de Roberto Castillo, por lo que se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos”.
El MP asegura que Castillo Mejía aportó logística y recursos y confabuló con el resto de los ahora condenados para matar a la ambientalista.
Según la justicia hondureña, Castillo, tiene 20 días a partir de emitida la sentencia para interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal.
Previa a la condena de Castillo, en 2018, también fueron procesados y encontrados culpables siete personas que recibieron penas de hasta 50 años de reclusión.
Entre los condenados están un mayor del ejército, Mariano Díaz; un oficial de DESA, Sergio Rodríguez; y Douglas Bustillo, acusados de organizar el asesinato. Cuatro sicarios fueron condenados a 34 años de prisión por el caso de Cáceres y 16 años más por el intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, que se encontraba en su empresa.
Durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, preso en EEUU acusado por delitos de narcotráfico, Honduras fue escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos.
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