La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, firmó este jueves la salida forzada del Ministerio Público de la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, con lo que suma una pieza más de cesantías bajo su mandato en el ente fiscal del país centroamericano.
En un comunicado, el Ministerio Público razonó que la remoción de la funcionaria se da dentro del marco legal y las atribuciones que tiene la fiscal general, revalidada en el cargo en mayo reciente por el presidente Alejandro Giammattei, pese a las críticas manifiestas por Estados Unidos y la Comunidad Europea.
“Es personal de libre nombramiento y remoción, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, Reglamento Interior de Trabajo y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo”, informó el Ministerio Público en un comunicado.
La oficina de Porras dijo que la destitución está enmarcada dentro de un su plan de trabajo institucional: “son acciones de personal orientadas al fortalecimiento institucional, derivadas de las necesidades en el servicio”.
Organizaciones internacionales como Human Right Watch (HRW) reaccionaron esta tarde ante la destitución de la fiscal que tenía un largo bagaje de trabajo en la institución con temas de justicia transicional, como investigaciones de crímenes de guerra y otras violaciones a derechos humanos cometidas en el país.
Juan Pappier, analista principal de HRW en Washington reaccionó a la destitución en la red social y matizó que el Ministerio Público de Guatemala muestra un camino contrario al debido proceso para la cesantía de operadores de justicia.
“Rechazo la destitución de la fiscal Hilda Pineda, quien desempeñó una valiente labor cuando dirigió las investigaciones sobre el conflicto armado. La ‘libre remoción’ de fiscales del Ministerio Público contradice estándares internacionales sobre independencia de operadores de justicia”, acotó Pappier.
El presidente Alejandro Giammattei acusó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de querer “imponer” a sus país doctrinas y prácticas internacionales que Guatemala no acepta, y pidió al pleno de la OEA en visita a Washington DC, frenar el trabajo de la Comisión en su país que incluyo en su informe 2021, al país centroamericano como uno más donde se violan derechos fundamentales junto a Nicaragua, Cuba y Venezuela.
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