La primera mesa técnica para continuar los diálogos, lograr acuerdos y delinear los temas que exige el sector indígena se instalará el 7 de julio con la mediación de la Iglesia Católica y en ella se definirá la metodología que se implementará para la ejecución de las medidas compensatorias anunciadas por el gobierno a favor de este sector.
El politólogo Santiago Basabe advierte que el gobierno debe mejorar su narrativa para lograr una mejor comunicación con los sectores sociales.
“Al gobierno le hacen falta varias narrativas. Una es decir estoy mejorando en lo económico, estoy ahorrando pero también estoy entregando. Y el segundo tema es la narrativa que se va a plantear no solo respecto a esto sino también a las movilizaciones. La organización indígena tiene una narrativa bien posicionada entre la población y el gobierno no la tiene”, dijo Basabe.
Luis Herrera, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, manifiesta que esta no ha sido la única ocasión en la que la organización ha protestado.
“No solo es que en esta ocasión han sido las movilizaciones, han sido en los otros tiempos y siempre se ha caracterizado el movimiento indígena por llevar propuestas a la mesa y exigir que los gobernantes respondan sobre estos pedidos básicos que se lo ha hecho han hecho en esta ocasión también”, señaló Herrera.
El ministro de gobierno Francisco Jiménez quien firmó el acta de la Paz para poner fin al paro de 18 días, señaló que ya tienen el grupo de delegados de varias carteras de Estado para firmar los acuerdos, mientras que el sector indígena lleva a las delegaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine).
La Conferencia Episcopal, a través de un comunicado de prensa, informó sobre este primer encuentro en el marco de los 90 días que tiene el gobierno para mantener el diálogo con estos sectores.
Por otra parte, la jueza que llevaba el caso de acusación contra el líder indígena Leonidas Iza por haber instado a los comuneros a cortar el acceso a las vías del país, remitió el caso a la Corte Constitucional. Iza dijo que ahora depende del gobierno hacer un diálogo de buena fe.
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