El miércoles se instaló en Colombia el nuevo Congreso, que tendrá ciertas novedades, como una inédita bancada de izquierda, una amplia coalición del Gobierno, casi dos tercios de caras nuevas y será la primera vez con el más alto número de mujeres congresistas y de miembros de la comunidad LGBTIQ+.
“Hoy me enorgullece decir que existe una nueva Providencia”, afirmó el presidente Iván Duque, encargado de oficializar la instalación del Legislativo.
Los legisladores, que fueron elegidos en marzo de este año por voto popular, sesionarán durante los próximo cuatro años. Son 294 congresistas en total. La mayoría de ellos, 181 son nuevos y 113 ya han ejercido este trabajo en periodos anteriores.
Alrededor de un 28,5 % son mujeres y siete curules serán ocupadas por la comunidad LGBTIQ+.
El mandatario aprovechó la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República 2022-2023 para hacer balance de su gobierno, como la aprobación de la Ley de Acción Climática, aprobada unánimemente por el Congreso y destacó que “la seguridad, como valor democrático, nos ha guiado para reducir a sus mínimos históricos las tasas promedio de homicidio y de secuestro en un cuatrienio”.
“Han sido el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales", lamentó Duque. "Es una realidad que nos llena de dolor”.
Retos de la nueva administración
El presidente electo Gustavo Petro asumirá el mando del país suramericano el próximo 7 de agosto. Entre los proyectos más importantes para este año, que deben contar con el apoyo del Congreso, están la reforma tributaria, política y agraria.
La primera de ellas pretende recaudar 50 billones de pesos y es la que permitirá recaudar los recursos que permitan financiar los programas sociales y las reformas propuestas por Petro.
Hasta el momento, el nuevo Gobierno cuenta con una coalición conformada por la el Pacto Histórico -partido en el que milita-, la Centro Esperanza, el Partido Liberal y algunas minorías, pero primera vez en la historia de Colombia que gobernará un partido de izquierda y que una coalición en torno a ella asuma el control en el legislativo.
No obstante, los partidos tienen hasta el 7 de septiembre para dedicir si hacen parte de la oposición o qué posición toman frente al nuevo Gobierno.
Por otro lado, los congresistas del movimiento político del presidente electo anunciaron el martes una iniciativa para reformar el Congreso de Colombia que ya ha fracasado en el pasado.
La iniciativa incluye reducir el salario de los congresistas, disminuir las vacaciones, aumentar las causales por las que los congresistas pueden perder su cargo y limitar la reelección de congresistas a tres periodos.
“Tenemos un largo historial de fracasos. Ahora bien, tenemos un nuevo Congreso que tiene mayorías que están pactadas en torno a un programa de gobierno que tiene como puntos centrales la lucha contra la corrupción”, dijo el senador Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico.
Según las cuentas del Pacto Histórico, en el pasado se han hundido 13 proyectos de ley que pretendían reducir el salario de los congresistas, cuatro más que buscaban modificar las vacaciones y otros cinco que golpeaban el ausentismo.
“Es una prueba de fuego para los partidos que en el pasado se opusieron a este tipo de proyectos y que hoy integran la bancada de gobierno... sabremos si su intención es sincera o simplemente están aquí para mantener unos privilegios”, advirtió el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico y muy cercano a Petro.
Los congresistas que abanderan la propuesta aún están definiendo la magnitud de la reducción de los salarios y su entrada en vigencia. Actualmente, es de unos 7.800 dólares mensuales, más de 30 veces el salario mínimo de un trabajador en el país.
También se aumentarían las causales de pérdida de investidura, la sanción con la que los congresistas son castigados al sacarlos del cargo. Se aplicaría en caso de que los congresistas acumularan más de seis inasistencias injustificadas a sus labores en el capitolio, así como cuando reciban “prebendas burocráticas como contraprestación a su participación o no en la discusión y votación” en el Congreso.
[Con información de The Associated Press]
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