Las circunstancias que rodearon la búsqueda del lunes por parte del FBI en la propiedad Mar-a-Lago del expresidente estadounidense Donald Trump en Palm Beach, Florida, no quedaron claras de inmediato, según informes de los medios. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha investigado activamente el descubrimiento de cajas que contenían información clasificada que fueron llevadas a la residencia de Trump en Florida después de que dejó la Casa Blanca en enero de 2021.
¿Por qué los registros de llamadas, borradores, discursos, notas escritas a mano y otros documentos del mandato de Trump en el cargo están en posesión de los Archivos Nacionales?
“Los registros presidenciales son propiedad del gobierno de Estados Unidos y son administrados por los Archivos Nacionales”, dijo Meghan Ryan Guthorn, subdirectora de operaciones interina de la agencia. “Entonces, todos los documentos, materiales y registros presidenciales bajo la custodia de los Archivos Nacionales, ya sean donados, incautados o regidos por la Ley de Registros Presidenciales, son propiedad del gobierno federal”.
La Ley de Registros Presidenciales de 1978 estableció que todos los registros presidenciales son propiedad del público y se transfieren automáticamente a la custodia de los Archivos Nacionales tan pronto como el comandante en jefe deja el cargo. Todas las bibliotecas y museos presidenciales forman parte de los Archivos Nacionales. La biblioteca presidencial del expresidente Barack Obama será la primera en ser totalmente digital.
“La Administración Nacional de Archivos y Registros es el encargado oficial de los registros del gobierno de Estados Unidos”, dijo Ryan Guthorn. “Solo alrededor del uno al tres por ciento de los registros se consideran registros permanentes, y esos son los documentos que son esenciales para comprender los derechos y derechos de los ciudadanos estadounidenses, que responsabilizan a nuestros funcionarios electos por sus acciones, [y] documentan nuestra historia como una nación".
Los registros presidenciales no siempre fueron propiedad del público.
“Desde George Washington hasta Jimmy Carter, los documentos de una administración presidencial se consideraban propiedad privada de un presidente para hacer con ellos lo que quisieran”, dijo Ryan Guthorn.
La mayoría de los comandantes en jefe han donado sus documentos presidenciales, un precedente iniciado por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1940. Eso continuó hasta la década de 1970 cuando el presidente Richard Nixon luchó para destruir sus registros, incluidas las grabaciones secretas, durante el escándalo de Watergate que eventualmente motivó su renuncia al cargo.
El Congreso sospechó que las cintas contenían pruebas que podrían incriminar al presidente. Los legisladores aprobaron la Ley de Preservación de Grabaciones y Materiales Presidenciales de 1974, que se aplicaba solo a los materiales presidenciales de Nixon e instruía que NARA retuviera los materiales relacionados con Watergate.
Durante su vida, Nixon luchó para mantener en privado sus registros presidenciales. NARA recibió la mayoría de las grabaciones relacionadas con Watergate, pero no todas. Después de la muerte de Nixon, su familia donó sus documentos presidenciales y otros materiales.
“Julie Nixon Eisenhower me llamó, dijo que quería reunirse conmigo, dijo que la familia quería establecerse”, dice John Carlin, quien se desempeñó como archivista de Estados Unidos desde 1995 hasta 2005.
La hija de Nixon se acercó a Carlin durante su primera semana en el trabajo en junio de 1995, más de 20 años después de Watergate.
“Hay que recordar que en esos días, los registros del presidente eran personales”, dijo Carlin. “Nixon se los iba a quedar y tenía la ley de su lado. … Y entonces, cuando llamó ese día y dijo: ‘Estamos listos para llegar a un acuerdo’, fueron buenas noticias. … Cuando él [Nixon] estaba vivo, luchó contra eso. Quiero decir, dientes y uñas. No iba a haber ningún arreglo”.
Entre quienes acceden a los registros de la Casa Blanca se encuentran académicos presidenciales como Shannon Bow O'Brien, que están interesados en documentar la historia.
“El público puede comenzar a hacer solicitudes a través de la Ley de Libertad de Información cinco años después de que termine una administración, pero también el presidente puede invocar ciertas restricciones para el acceso público por hasta 12 años”, dijo O'Brien, profesor en el departamento de gobierno en La Universidad de Texas en Austin College of Liberal Arts.
“Si no tenemos acceso a este material, no tenemos acceso a la verdad. Solo tenemos acceso a verdades seleccionadas, en muchos sentidos, que es lo que la gente quiere decirnos, o lo que la gente quiere que veamos, y eso no siempre es lo más preciso”.
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