La fiscalía peruana solicitó este lunes a un juez prohibir la salida del país por tres años a la primera dama Lilia Paredes y a dos cuñados del presidente Pedro Castillo, señalados de integrar una red criminal de lavado presuntamente liderada por el mandatario.
El domingo, Pedro Castillo dijo que la justicia quiere detener a su esposa y otros familiares en una investigación preliminar de la fiscalía, pero la primera dama no ha sido acusada formalmente de ningún delito y, por el momento está siendo investigada de manera preliminar.
La hermana menor de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, está detenida en un local policial por 10 días mientras es investigada por la misma causa. La fiscalía también acusa a los otros dos hermanos de Paredes, David y Walther.
“Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia”, expresó Castillo, quien enfrenta seis investigaciones fiscales, varias de ellas por corrupción.
La semana pasada, el presidente comenzó a cuestionar al Ministerio Público y el Congreso por las investigaciones por presuntos actos de corrupción en su Gobierno que, según diversas encuestas como Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos, tiene más del 70% de desaprobación ciudadana.
“Hoy ante el pueblo peruano y ante tantas acusaciones que se hacen, como no tienen las pruebas, se han ensañado en crearlas, como no tienen las pruebas, quieren construirlas. Quieren hacer ver ante el país que tengo otras cuentas, aquí las únicas cuentas que tengo que dar es al pueblo peruano con trabajo y lealtad, con honestidad y con transparencia”, manifestó Castillo esta semana en una actividad pública.
La fiscalía indaga a Castillo por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un presunto favorecimiento a una empresa para lograr un contrato con la petrolera del Estado peruano y por el supuesto plagio en su tesis de maestría. Otra investigación en curso alude a la licitación de un puente en la selva del país.
Más recientemente, la fiscalía investiga por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal de Castillo, y por una presunta organización criminal que habría direccionado obras en la ciudad natal del presidente peruano: Cajamarca.
El analista político José Carlos Requena señaló a la Voz de América que las críticas del mandatario contra las instituciones como la fiscalía y el Parlamento forman parte de una estrategia para recuperar apoyo de sectores populares y sean su base social frente a las sospechas de corrupción que hay en su contra.
"Es una estrategia recurrente de los populistas recurrir a sectores radicales y ofrecerles agendas clientelistas y particulares a cambio de apoyo cuando tienen problemas políticos", señaló. Añadió que Castillo también está buscando polarizar el país para poner en una balanza el pueblo versus las instituciones públicas.
"La única prioridad del presidente, en estos momentos, es sobrevivir en el poder en medio de los indicios y las acusaciones de corrupción que hay en su contra", apuntó Requena a la VOA.
Castillo también ha señalado en sus discursos que su familia es perseguida por la justicia. "Ahora hacen su finta pagando millones de soles a personas que hacen una persecución, un show para que a la familia la tengan que enmarrocar y digan ahí está el presidente corrupto", dijo el mandatario.
En los últimos días, los diarios El Comercio y La República han revelado que los cuñados del presidente serían parte de una red criminal que direccionaba obras a favor de empresas para la ciudad de Cajamarca desde el año pasado. Una de las involucradas en esta trama es Yenifer Paredes, hermana de la primera dama peruana Lilia Paredes, quien afronta un pedido de tres años de prisión preventiva.
Por su parte, el analista político Hernando Cevallos señaló que, si bien el presidente Castillo ha cometido errores, no se puede obviar la campaña mediática que hay con la fiscalía, la oposición del Congreso y cierta parte de los medios de comunicación para desestabilizar al gobierno.
"Castillo sigue siendo un referente popular para un sector de la población. Él fue elegido por cinco años al igual que los congresistas. Nosotros tenemos una Constitución que, en nuestra opinión, debe ser cambiada para darle más posibilidades al pueblo sobre su futuro", dijo a la Voz de América.
Cevallos consideró que si el presidente sale del cargo será por voluntad del pueblo y "no es una decisión del diario El Comercio, de María del Carmen Alva, la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería".
¿Desde cuándo están interesados en que se vaya Castillo por corrupto? Acá hay muchos intereses. Buscan sacar a Castillo porque no les termina de garantizar a los grupos económicos y no le perdonan su origen humilde por ser un maestro y campesino”, indicó a la VOA.
Cruce con el Parlamento
El presidente Castillo también ha cuestionado al Congreso en sus discursos públicos. “¿Saben por qué piden la vacancia, la destitución, la inhabilitación del presidente? No les gusta que un chacrero, un campesino esté en Palacio", señaló el lunes pasado en la ciudad de Huánuco.
El congresista Carlos Anderson consideró en diálogo con la VOA que las críticas de Castillo contra el Parlamento forman parte de una estrategia política para tratar de bloquear los cuestionamientos que hay en su contra por los evidentes actos de corrupción en el gobierno.
"[Pedro Castillo] No le importa las instituciones, sino defenderse para evitar que lo vaquen como se lo merece", mencionó.
Anderson manifestó que la actitud de Castillo demuestra "la evidente incapacidad moral" para el cargo. "Todo un año ha tenido un comportamiento impropio de un presidente. Ha construido a base de sobornos a entidades de todo tipo, con recursos públicos, para comprar voluntades. El presidente tiene un respaldo mínimo en la población", apuntó.
El parlamentario indicó que hay una "tentación autoritaria" en Castillo con las críticas hechas a otras instituciones del Estado en medio de la delicada situación judicial que afronta.
En el último año, la oposición no logró aprobar dos mociones de destitución contra Castillo en el Parlamento. Sin embargo, actualmente procesan al presidente por el delito de traición a la patria. Esto porque en enero pasado, durante una entrevista con el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN En Español, sostuvo que evaluaría darle una salida al mar a Bolivia.
Tras el escándalo diplomático, el presidente tuvo que retractarse. Pese a esto, la acusación constitucional contra él avanza y podría llevarlo a ser destituido e inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años.
[Con información de AP]
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