Dos días después de que se hiciera oficial el resultado del plebiscito constituyente, el presidente chileno, Gabriel Boric, reemplazó a un tercio de su gabinete de ministros. De acuerdo a analistas, este es apenas el primer paso en el camino por conseguir una nueva Constitución para Chile.
Boric tomó juramento el martes a los nuevos titulares de las carteras del Interior y Seguridad Pública, Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social y Familia, Salud, Energía, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Secretaría de la Presidencia, que son dirigidos ahora por Carolina Tohá Morales y Ana Lía Uriarte Rodríguez, son considerados clave dentro de las relaciones del Ejecutivo con otras funciones del Estado y de cara a generar una mayor gobernabilidad a Boric durante lo que resta de su mandato.
“Es quizá, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos políticos más difíciles que me ha tocado enfrentar”, dijo Boric al anunciar los cambios.
De acuerdo a expertos consultados por la Voz de América, los cambios son solamente el primer paso de lo que dentro de Chile se comienza a llamar “el segundo tiempo” para una nueva ruta constituyente, que dependerá en gran medida de los acuerdos que logre el gobernante en los próximos días con representantes de otras organizaciones políticas.
En materia jurídica, el constitucionalista chileno Javier Couso, consultado por la VOA, explicó que Chile vuelve a “fojas cero”, aunque aclaró que ya existe un conocimiento ciudadano sobre los temas debatidos en los últimos meses por la Convención Constituyente.
Si bien esa pudiera ser una opción, hay quienes consideran que también pudiera ser el Congreso de Chile el que lidere cambios a la Constitución vigente desde 1980, que lo haga una suerte de “junta de notables” o que, incluso, las cosas se mantengan como hasta ahora, sin ningún cambio.
Frente al abanico de opciones, Couso se mostró partidario de que se convoque a una nueva convención, aunque dijo que será necesario que su trabajo sea más ágil y su integración menos numerosa.
“El Congreso Nacional debe aprobar una reforma a la Constitución vigente, que habilita o autoriza la realización de un nuevo proceso constituyente. Esto, por supuesto, tiene que estar precedido de un acuerdo político entre todos los partidos que tienen representación”, aclaró Couso, quien acredita un doctorado en Jurisprudencia y Políticas Públicas por la Universidad de Berkeley.
En la necesidad de llegar a prontos acuerdos coincidió la analista política Michelle Hafemann, pero dijo que para ello será necesario que el gobierno y su presidente se sitúen en el centro del espectro político.
“Va a tener que realizar algunas concesiones hacia los sectores que están reticentes todavía a continuar el proceso o que están poniendo algunas condiciones para la continuidad”, enfatizó la politóloga.
Dayana León, analista electoral y docente universitaria cubana residente en el Ecuador, explicó que el resultado del domingo debe mirarse regionalmente desde tres perspectivas: desde la política y todo lo que conlleva, en lo relacionado con el texto constitucional como tal y en cuanto a los problemas que se evidenciaron en la estrategia comunicacional alrededor del proceso constituyente.
“Sí sería importante que puedan mirar la experiencia de Chile en cuanto al tratamiento de estos tres aspectos y hasta qué punto podría generar o no una incertidumbre cualquiera de las preguntas planteadas en la (próxima) consulta popular”, señaló la académica, en momentos en que el gobierno de Ecuador analiza la posibilidad de preguntar al país en los próximos meses acerca de temas trascendentes como seguridad, institucionalidad y economía.
En el plebiscito del pasado domingo participaron más de 13 millones de chilenos. Tras finalizar la jornada, se confirmó que un 62 % de los electores votó por el “rechazo” al proyecto de Constitución mientras que un 38 % se mostró a favor.
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