Una jueza federal nombró el jueves a un veterano jurista de Nueva York para que actúe como árbitro independiente en la investigación criminal sobre la presencia de documentos clasificados en la casa del expresidente Donald Trump en Florida, y se negó a permitir que el Departamento de Justicia reanude el uso de la información altamente confidencial de registros incautados en una búsqueda del FBI el mes pasado.
La jueza de distrito, Aileen Cannon, autorizó al árbitro especial recién nombrado, Raymond Dearie, a revisar el tramo completo de registros tomados en la búsqueda de Mar-a-Lago el 8 de agosto y fijó una fecha límite de noviembre para su trabajo. Mientras tanto, siguió impidiendo que el departamento utilizara para su investigación aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados que fueron incautados.
Es casi seguro que la orden redactada de forma tajante por parte de Cannon, designada por Trump, ralentizará el ritmo de la investigación y preparará el escenario para una impugnación ante un tribunal federal de apelaciones.
El departamento le había dado a Cannon hasta el jueves para suspender su orden de pausar la revisión de los registros clasificados por parte de los investigadores mientras el maestro especial completa su trabajo. El departamento dijo que le pediría a la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, que interviniera si ella no lo hacía para entonces.
El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato sobre el fallo del jueves.
Cannon, quien la semana pasada accedió a la solicitud del equipo de Trump de un árbitro especial a pesar de las objeciones del Departamento de Justicia, dejó en claro en su orden del jueves que no estaba preparada para aceptar ciegamente las caracterizaciones de los documentos por parte del gobierno, diciendo que “el procedimiento imparcial no exige confianza incuestionable en las determinaciones del Departamento de Justicia”.
Descartó la posición del departamento de que Trump no podía tener ningún interés de propiedad en los documentos y dijo que estaba abierta a la posibilidad de que el expresidente pudiera presentar reclamos válidos de privilegio sobre al menos algunos de los registros. Señaló los desacuerdos en curso entre las dos partes sobre la "designación adecuada de los materiales incautados" y las "implicaciones legales que se derivan de esas designaciones".
“La Corte no considera apropiado aceptar las conclusiones del Gobierno sobre estos temas importantes y en disputa sin una revisión adicional por parte de un tercero neutral de manera expedita y ordenada”, escribió.
[Con información de The Associated Press]
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