El revelador informe de Naciones Unidas sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela no impide al gobierno de aspirar a reelegirse en el Consejo de Derechos Humanos de la organización, aunque debería servir de guía para la próxima votación de la Asamblea General, opinan los expertos.
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, nombrada por mandato del Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2019, reveló esta semana que en ese país suramericano sí hubo crímenes de lesa humanidad y señaló a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros líderes chavistas como responsables directos.
El gobierno de Maduro resultó elegido al Consejo de Derechos Humanos en octubre de 2019, solo días después de activarse la misión para indagar sobre delitos de lesa humanidad en su país, con 105 votos de la Asamblea General. Fue el segundo país latinoamericano más votado entonces, detrás de Brasil (153) y antes de Costa Rica (96).
En aquel momento, la legitimidad de Maduro como mandatario de Venezuela acaba de ser desconocida por 60 gobiernos y Estados Unidos aplicó sanciones económicas contra sus instituciones y especialmente contra la industria petrolera, que aún se mantienen.
Su elección para el Consejo también ocurrió dos años después de que policías y militares del Estado venezolano reprimieron violentamente una serie de masivas protestas en todo el país contra su poder Ejecutivo debido a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que la oposición política tachó de ilegal.
Esos ataques contra manifestantes y la disidencia política son la piedra fundacional de la misión para determinar esos hechos, pero además de una investigación de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Luis Angarita, docente universitario especializado en relaciones internacionales, advierte que los mandatos de la Misión de Determinación de Derechos Humanos sobre Venezuela y de la alta comisionada para esos asuntos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, así como la permanencia del país en el Consejo, son “hechos políticos aislados”.
“Son tres cosas independientes que pueden suceder (al mismo tiempo): que Venezuela siga ganando votaciones en la Asamblea; que la mayoría del Consejo de Derechos Humanos decida en su seno que se mantenga o no la Misión de Determinación de Hechos; y que se mantengan delegados de la Alta Representante” Bachelet en el país, dijo la Voz de América.
¿Un país ejemplar?
El Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 Estados, elegidos por la mayoría de la Asamblea General de las Naciones Unidas con votos directos y secretos.
Según detalla el organismo multilateral, la selección de países participantes se hace tomando en cuenta “la contribución de los Estados a la promoción y protección de los derechos humanos, así como sus promesas y compromisos voluntarios” en el tema.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU define equitativamente su número de asientos, según una distribución geográfica. África y Asia tienen 13 puestos; Latinoamérica y el Caribe, ocho; Europa del Este y otros Estados, siete, y Europa del Este, seis.
Sus miembros sirven por un período de tres años y no pueden reelegirse inmediatamente tras haber servido dos mandatos consecutivos. Las votaciones son anuales.
Carlos Lusverti, abogado e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), valora que el informe reciente de Naciones Unidas “no impide legalmente” que Venezuela aspire a postularse al Consejo. Su ingreso, eso sí, dependerá de la cantidad de votos que logre en la Asamblea General, si lo procurase.
“Según la resolución de creación del Consejo de Derechos Humanos, a lo que se aspira es a que los Estados que tengan los récords más brillantes (en esta materia) sean los que formen parte del Consejo. Esto no impide que, por la vía de votación, un Estado cuestionado internacionalmente pueda llegar” a integrar esa instancia, explicó el docente a la VOA.
Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela son los actuales representantes de la región latinoamericana y el Caribe en el Consejo de Derechos Humanos.
El gobierno de Nicolás Maduro formó parte del Consejo entre 2013 y 2015, y luego alcanzó suficientes votos para repetir hasta 2018. Venezuela, elegida de nuevo en 2019, tendría la posibilidad de aspirar a un nuevo término de tres años, hasta 2025.
El escenario ideal, dice Lusverti, sería que la Asamblea General tome en cuenta no solo el reporte de la Misión de Determinación de los Hechos, sino además “la poca cooperación” demostrada por Venezuela con otros mecanismos del Consejo que integra.
Cita como ejemplo el “silencio” del Estado venezolano ante las solicitudes de visita al país por parte de los investigadores de la Misión de la ONU o sus restricciones de movilidad y autorizaciones para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
“En lugar de liderar con el ejemplo, Venezuela ha hecho todo lo contrario: oponerse y reaccionar negativamente contra los mecanismos del Consejo, cuando se esperaría de un Estado parte del Consejo la cooperación con los mecanismos que ha creado”, concluyó.
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