![ARCHIVO - Las instalaciones de La Prensa permanecen tomadas por agentes policiales en Managua, Nicaragua, desde agosto de 2021. [Foto Houston Castillo, VOA]](https://gdb.voanews.com/534164a6-27c7-43f9-9981-2988b5b47f29_w250_r1_s.jpg)
La justicia nicaragüense acusó a cuatro trabajadores del diario La Prensa –cuya redacción completa salió al exilio hace tres meses—del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El medio de comunicación informó el lunes que entre los acusados están dos conductores del periódico, quienes fueron detenidos el 6 de julio tras la cobertura periodística de La Prensa a la expulsión del país de un grupo de monjas.
También se acusó a una periodista, así como una trabajadora del área administrativa, actualmente exiliadas. Está vigente una orden de captura para ambas personas.
La acusación fue presentada por la fiscal Heydi Estela Ramírez el 29 de septiembre y figura como víctima el Estado de Nicaragua, sin embargo, la información se dio a conocer mucho tiempo después, debido a la falta de acceso a la información pública, tal y como lo ha expresado en múltiples ocasiones el experto en temas judiciales Yader Morazán.
El editor jefe de La Prensa, Eduardo Enríquez, dijo a la Voz de América que esta acción busca “criminalizar la labor periodística” para que “reine el silencio y solo se escuche lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren”.
La juez que está a cargo del caso es Nalia Nadezha Ubeda, quien también ha llevado a cabo los procesos judiciales en contra de un grupo de colaboradores del obispo Rolando Álvarez, un religioso crítico a Ortega que se encuentra bajo detención domiciliar sin que se conozca alguna acusación en su contra.
Esta acción se suma a otras medidas tomadas por la administración del presidente Daniel Ortega, quien lleva más de 15 años en el poder, y quien ha cerrado otros medios de comunicación críticos a su gestión, como 100%Noticias, y el semanario Confidencial.
El gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de Nicaragua, conocida como El Chipote, tras ser condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de lavado de dinero.
Tras la detención de Holmann la redacción del diario fue tomada por la Policía Nacional el 13 de agosto de 2021 y un año después el gobierno confiscó sus instalaciones e inauguró una entidad pública.
Enríquez expresó que la acusación contra este grupo de colaboradores “es una barbaridad” y en el caso de los conductores asegura que “han sido injustamente detenidos sin ninguna razón… y les están inventando delitos que siguen la misma línea que han seguido a otras personas”.
“Van a resultar condenados a largos años de prisión, causándoles un daño irreparrable a sus vidas por un simple capricho de una dictadura”, indicó Enríquez.
Una crisis para el periodismo
Nicaragua vive una crisis política desde el año 2018 que surgieron protestas contra el presidente Daniel Ortega, las cuales el mandatario catalogó como un “intento de golpe de Estado”.
Desde entonces Ortega ha clausurado decenas de medios televisivos, radiales e impresos a los cuales ha acusado de “mentir” para causar “inestabilidad” a su gobierno.
Reporteros sin Fronteras, que compila el índice de la situación del periodismo en el mundo, reporta que los periodistas independientes del país "soportan una pesadilla de censura, intimidación y amenazas".
Nicaragua obtiene un puntaje bajo en el Índice Mundial de Libertad de Prensa , ocupando el puesto 160 de 180 países, donde 1 representa el mejor ambiente de medios.
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