Siguiendo una larga tradición, el Departamento de Justicia enviará equipos de observadores federales a todo EEUU el día de la elección el mes que viene y ordenará al FBI recibir aprobación de alto nivel para investigaciones delicadas que puedan cuestionar la integridad de los comicios.
El 8 de noviembre no sólo se decide el control del Congreso, sino también la legitimidad de las elecciones en Estados Unidos, después de los reclamos del expresidente Donald Trump de fraude en las presidenciales de 2020.
Muchos estadounidenses están cuestionando la credibilidad de las elecciones. Al mismo tiempo, nuevas leyes aprobadas por las legislaturas de estados republicanos, que según los activistas limitan la votación, están siendo litigadas en las cortes por el Departamento de Justicia.
El departamento, que bajo la administración Biden ha puesto los derechos de votación como una de sus prioridades, dice que los monitores federales observarán las elecciones de noviembre para “asegurar que todos los electores calificados tengan la oportunidad de votar y ser contados sin discriminación, intimidación ni supresión”.
Estados Unidos ha descentralizado el sistema de elecciones y los comicios son administrados a nivel de condados (municipios). Sin embargo, el gobierno federal tiene también un papel.
La división de derechos civiles del Departamento de Justicia es responsable de hacer cumplir una serie de leyes federales creadas para proteger el derecho al voto. Estas son la Ley de Derechos de Votación de 1965, la Ley Nacional de Inscripción de Votantes y la Ley de Votación Ausente de Uniformados y Ciudadanos en el Exterior.
En los últimos dos ciclos electorales, el Departamento de Justicia despachó monitores a unos 20 estados. Es posible que este año la cifra sea similar, según Sylvia Albert, directora de votaciones y elecciones del grupo observador Common Cause.
“No me han dado indicaciones de que vayan a variar su línea regular y nos dijeron que continuarán haciendo su trabajo como siempre”, dijo Albert.
Los lugares que serán monitoreados se determinan en base a “un historial de problemas reportados por votantes o grupos comunitarios en el área”, explicó la activista.
El Departamento de Justicia revela su plan de monitoreo el día anterior de las elecciones. Un representante no dio otros detalles sobre los planes fuera de los incluidos en el comunicado de prensa.
Zack Smith, un miembro de Heritage Foundation, dijo que los observadores del Departamento de Justicia juegan un papel importante para asegurar el acceso igualitario a la votación.
“Su papel es parecido a una fuerza especial de reacción si surgen problemas en tiempo real”, señaló Smith.
Además del Departamento de Justicia, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en la cual participa Estados Unidos, enviará observadores “para monitorear de cerca todos los aspectos de las elecciones, incluyendo preelectorales y poselectorales”.
"La misión es evaluar si las elecciones cumplen los compromisos con la OSCE y otras obligaciones y normas internacionales para elecciones democráticas, así como las leyes nacionales”, explicó la OSCE en un comunicado del 29 de septiembre.
Además de proteger el derecho al voto, el Departamento de Justicia debe mantener una de sus más antiguas tradiciones: evitar toda apariencia de partidismo durante un año electoral.
En un correo electrónico del 25 de mayo al personal, el secretario de Justicia, Merrick Garland, exhortó a sus empleados a ser “particularmente cuidadosos en proteger la reputación del departamento de justicia, neutralidad y no partidismo”.
"Dicho simplemente, la política partidista no puede jugar un papel en las decisiones de los investigadores o fiscales federales en cualquier investigación o cargos criminales”, escribió Garland.
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