SAN SALVADOR - La última vez que el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó a El Salvador en torno a derechos humanos fue hace trece años.
Este 17 y 18 de noviembre, el Estado salvadoreño volverá una vez más a someterse al escrutinio del organismo multilateral, con un régimen de excepción a cuestas y cientos de denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos.
Previo a la sesión número 75 en Ginebra, Suiza, la ONU revisará un informe elaborado por una coalición de organizaciones civiles de derechos humanos como Cristosal y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), las cuales también han asistido este 15 de noviembre de forma presencial ante la ONU.
Según el informe presentado por las organizaciones, algunos de los temas a evaluar por el Comité son entre otros “la falta de independencia judicial, la militarización y el uso de la fuerza, la situación de las personas privadas de libertad, el debilitamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y la violencia en razón de género”.
Una de las 20 recomendaciones plasmadas en el informe es la de investigar “todos los casos donde civiles resulten heridos o muertos por parte de fuerzas policiales o militares” en El Salvador.
Las organizaciones hacen un llamado también a El Salvador a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
¿Por qué la ONU puede evaluar a El Salvador?
Los tratados internacionales suscritos por El Salvador se vuelven leyes de la República, según el artículo 144 de la Constitución de ese país, y por lo tanto obligan al Estado a actuar conforme a lo demandado en el tratado.
Aunque el Congreso salvadoreño continúe sin ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, El Salvador sigue siendo un “Estado parte”, y de acuerdo con el legislador René Portillo Cuadra está obligado a tomar medidas para prevenir los actos de tortura en su territorio.
El Salvador se acerca a los ocho meses en un régimen de excepción cuyo propósito es capturar 83.000 pandilleros responsables de la última ola de violencia ocurrida a finales de marzo, en la que fueron asesinados 88 salvadoreños en un fin de semana.
Pero el régimen, que de acuerdo con la Constitución salvadoreña debe mantenerse si la situación que lo provocó continúa ocurriendo, ahora parece tener un carácter “permanente e indefinido”, dicho así por la organización WOLA. Un hecho que ha provocado cientos de denuncias por torturas y muertes.
“Durante estos meses, el poder ejecutivo ha utilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para implementar una política contra la violencia desde la represión, persecución y estigmatización en contra de la población; agravando con ello la crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos que atraviesa el país”, indicó WOLA.
Pese a los señalamientos de violaciones a derechos humanos, El Salvador mantiene bajos niveles de violencia homicida en el periodo de Nayib Bukele.
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