El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llamado a los grupos ilegales armados a sumarse a la iniciativa de “paz total”, sin embargo y pese a la respuesta de éstos de acogerse a la propuesta, líderes sociales que se dedican al cuidado, defensa y promoción de los derechos humanos de sus territorios siguen siendo víctimas de guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes.
La cifras documentadas por la oenegé Indepaz son similares a las entregadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, la única organización estatal que registra esta información, según la cual hasta el 28 de octubre se habían contabilizado 157 asesinatos contra los 169 reportados por la oenegé a la fecha.
“Ser líder social tiene muchos riesgos, es poner en riesgo la vida y la estabilidad emocional y económica de la familia, cuando el líder es quien sostiene la familia, cuando el líder es a quien la comunidad escucha y sigue", dijo a la Voz de América Carlos Mauricio Muñoz, líder social que defiende los derechos de su comunidad en el Bajo Cauca, en el departamento colombiano de Antioquia, una región donde según cifras de la Defensoría del Pueblo se reporta el mayor número de homicidios contra esta población.
Explicó que "el riesgo es muy alto porque no hay en muchos casos garantías".
"A los líderes les toca ser interlocutores con los grupos armados que hay en el territorio, con todos los actores armados que lleguen, entonces muchos casos nos estigmatizan por tener que ser un puente entre estos grupos y la comunidad”, agregó Muñoz.
Muñoz relató que ha sufrido en carne propia hostigamientos y amenazas por defender los derechos de su comunidad. “No solamente se defiende el territorio de los grupos armados, sino de los políticos y empresas privadas. Hemos hecho defensa de la explotación aurífera, maderera y otras explotaciones que han terminado afectando a las comunidades y todo esto termina generando un malestar en todas estas personas que tienen interés en el territorio”.
Camilo González, director de Indepaz, comentó a la VOA que los “retrasos y la no implementación de los Acuerdos de Paz con la FARC han sido uno de los factores que han contribuido a los asesinatos y la persistencia de la violencia” por lo que se necesita “una política de Estado para proteger a los líderes sociales” asegurando que en los últimos años ha habido “un déficit de esta para garantizar su protección”.
“Hay unos responsables directos, sicarios y grupos armados que actúan en los territorios. Pero detrás de ellos están las mafias, lavadores de activos que tienen el poder, control y que están acostumbrados a la violencia y a la guerra como contexto o práctica para enriquecerse y, que siguen actuando por omisión de políticas públicas e iniciativas del Estado que ahora (el gobierno) busca corregir con la política de paz total”, agregó.
Los líderes sociales que más han sufrido la violencia por parte de estos grupos como el Clan del Golfo, grupos narcotraficantes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, son los representantes comunales con 51 casos, seguidos de indígenas con 32, comunitarios 26 y campesinos 14.
Los departamentos colombianos donde se han presentado el mayor número de homicidios contra los líderes sociales son Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Norte de Santander.
“Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos, ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de las comunidades y fortalecer la democracia en las regiones”, se lee en el comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo.
Organizaciones presentan planes para frenar la situación
Organizaciones sociales como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Programa Somos Defensores y Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, le hicieron llegar al presidente de Petro un documento para que desde el gobierno se implemente una política especial para prevenir estos crímenes.
Esta propuesta está compuesta por cinco ejes y tiene 3 objetivos iniciales: generar una respuesta rápida, poner en marcha acciones de carácter preventivo y dar inicio a la configuración de una política pública de garantías.
Respuesta del gobierno de Colombia
El septiembre, el Ejecutivo anunció la instalación de Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV) en las zonas con mayores amenazas, que involucra la participación de varios actores estatales como las Fuerzas Militares, gobernantes locales, organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Paz del Congreso.
El gobierno ha dicho que con la medida buscan adelantar acciones de prevención y protección para garantizar la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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