El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición suscribieron el sábado en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos.
Los términos del acuerdo parcial fueron anunciados por el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, quien afirmó que el convenio permitirá lograr importantes avances para la protección de los venezolanos.
Durante un acto en un hotel del centro de la Ciudad de México, Nylander informó que el fondo social se financiará con recursos congelados del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, que se emplearán para apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis; mejorar el deteriorado sistema eléctrico público y atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocurridas en el segundo semestre de ese año.
El facilitador precisó que Naciones Unidas apoyará la implementación del acuerdo y que se creará u grupo de veedores, con representantes de ambas partes, que le dará seguimiento a los proyectos.
En el acuerdo no se mencionó la suma que manejará el fondo, pero se prevé pueda alcanzar los 3.000 millones de dólares.
Tras trece meses de suspensión de los diálogos, el gobierno y la oposición buscan impulsar el proceso con este acuerdo social, que fue avanzado en los últimos meses con la mediación de Noruega.
La conformación del fondo social forma parte de una amplia agenda de discusiones que se espera avanzar en diciembre, que incluirá el levantamiento de las sanciones económicas, la definición de las condiciones para las elecciones presidenciales del 2024, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas.
Aunque entre los venezolanos y analistas hay muchas dudas de que estas negociaciones puedan generar beneficios tangibles para la población y llegar a buen término debido al fracaso de anteriores procesos, la comunidad internacional sigue apostando al diálogo para lograr una salida a la crisis política, social y económica que ha generado la migración de más de siete millones de personas en los últimos años, problemática que ha comenzado a golpear a Estados Unidos.
Al respecto, Mariano de Alba, asesor senior de la ONG International Crisis Group, dijo a The Associated Press que aunque el escepticismo es justificable, si se quiere avanzar en la resolución del conflicto venezolano, “la alternativa realista es tratar de que esta negociación progrese y dé resultados”.
En esta nueva fase del proceso, el gobierno de Maduro se sienta a dialogar mucho más fortalecido política y económicamente, mientras que la oposición, aglutinada en la llamada “Plataforma Unitaria”, luce muy debilitada por las fracturas internas, la pérdida de espacios políticos y de respaldo popular, lo que limita de manera considerable su poder de negociación.
Ante este contexto, Estados Unidos jugará un papel clave debido a que tiene en sus manos lo único que según los analistas llevó a Maduro a retornar a la mesa de diálogos: las sanciones económicas que enfrenta su gobierno desde hace más de tres años.
No es casualidad que la reactivación de las conversaciones coincida con la decisión que debe tomar próximamente el gobierno de Joe Biden sobre la ampliación de la licencia de operaciones en Venezuela de Chevron, la mayor empresa petrolera estadounidense, lo que ayudaría a recuperar la mermada producción de crudos de la nación suramericana que se vio golpeada por las sanciones que impuso Washington tras cuestionar las elecciones del 2018 en las que Maduro logró la reelección por seis años.
Poco después que se dio a conocer esta semana la reactivación de los diálogos, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, expresó en su cuenta de Twitter que esperaba que los delegados de ambas partes “trabajen por el alivio de los desafíos humanitarios” que enfrentan los venezolanos, y la realización de “elecciones libres y justas”.
De Alba afirmó que aunque para Washington la situación de Venezuela ya no es un tema prioritario, el gobierno de Biden y el resto de la comunidad internacional están preocupados por las consecuencias que está generando la prolongada crisis venezolana, que ha generado una migración masiva en la región.
Para hacer frente al creciente flujo de migrantes venezolanos, Estados Unidos restringió en octubre los asilos e impuso un plan de 24.000 visas humanitarias.
Entre agosto y octubre del año pasado, los delegados del gobierno y la oposición participaron en un proceso de negociaciones que no llegó a nada. En esa oportunidad, el equipo de Maduro suspendió los diálogos en protesta por la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien enfrenta cargos por lavado cientos de millones de dólares provenientes presuntamente de negocios corruptos con el gobierno venezolano.
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