En un brusco cambio de rumbo, China anunció este miércoles varias medidas para levantar algunas de las restricciones más estrictas impuestas para evitar la propagación del COVID-19.
Ya no serán necesarias pruebas negativas de COVID y un certificado de buena salud mostrado en una app, salvo en zonas vulnerables como escuelas infantiles, residencias de ancianos y escuelas, según el anuncio de 10 puntos de la Comisión Nacional de Salud.
También se limitó la escala de los confinamientos a pisos y edificios de apartamentos específicos, en lugar de distritos y vecindarios enteros.
Las personas que den positivo al virus podrán aislarse en su casa en lugar de los hospitales de campaña abarrotados e insalubres, y las escuelas donde no se han producido brotes deben reanudar la educación presencial.
El anuncio se produjo tras protestas en las calles de varias ciudades contra la estricta política de “cero COVID”, que inicia su cuarto año y a la que se acusa de trastornar la vida cotidiana, los desplazamientos y el empleo, además de asestar un duro golpe a la economía nacional.
China intentó mantener la rígida estrategia sin detener la marcha de la economía, pero la frustración pública con las restricciones parece haber cambiado la opinión de las autoridades, que defendían la política de erradicar el COVID-19 como superior a la estrategia de otros países que levantaron sus medidas con la esperanza de convivir con el virus.
Los casos nuevos reportados en China bajaron el miércoles desde el récord diario de más de 40.000 en días recientes a apenas 20.764 este miércoles, la gran mayoría asintomáticos.
Según las nuevas medidas, el confinamiento no puede durar más de cinco días si no se descubren casos adicionales, se levantarán las restricciones a la venta de medicamentos para el resfriado y se aumentará la vacunación de ancianos.
También se retirarán las órdenes de que empresas de transportes y negocios suspendan sus servicios y se prestará más atención a la seguridad pública, sin bloquear salidas de emergencia cuando se impongan órdenes de confinamiento.
Las protestas recientes incluyeron peticiones de renuncia del presidente, Xi Jinping. Las manifestaciones comenzaron el 25 de noviembre después de que al menos 10 personas murieron en un incendio en un edificio de apartamentos en Urumqi, en el noroeste del país.
Las autoridades negaron reportes de que puertas bloqueadas u otros controles antivirus hubieran podido cortar el paso a los bomberos o las víctimas del siniestro. Sin embargo, el desastre se convirtió en un catalizador de la frustración pública.
En su comunicado, la Comisión Nacional de Salud no hizo referencia al incendio, las protestas o cualquier abandono formal de la estrategia “cero COVID”, que se ha asociado estrechamente a la autoridad de Xi. La política ha mantenido a la mayoría de los visitantes fuera de China e interrumpido la actividad manufacturera y el comercio global.
Las autoridades llevan días levantando restricciones de forma gradual.
El gobierno anunció la semana pasada planes para vacunar a millones de septuagenarios y octogenarios, una condición para poner fin a las restricciones de “cero COVID”.
Expertos en salud y economistas advierten que llevar la tasa de vacunación a un nivel suficiente y preparar los hospitales para un posible pico de contagios podría tomar hasta mediados de 2023 y quizá 2024.
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