El pasado 24 de noviembre la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró “emergencia nacional en materia de seguridad” y dio instrucciones para comenzar un “estado de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales” en ciertas zonas del país.
La estrategia de seguridad fue nombrada por el gobierno hondureño formalmente como Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, y en medio de su implementación, han surgido discursos ciertos y falsos sobre el tema.
Mientras que por un lado las autoridades han reconocido que Honduras experimenta crimen, extorsiones y delincuencia, por el otro han surgido desinformaciones como el si hay o no toque de queda por el estado de excepción parcial determinado.
Ciertos los índices de homicidios de 2021
Una de las aseveraciones del gobierno de Honduras, es que recibieron del 2021 una tasa de homicidios de 41.7 por cada 100.000 habitantes, motivo por el cual consideraron reducirlos.
“Encontramos en el 2021 nosotros un índice de homicidio de 41.70 por cada 100 mil habitantes…”, dijo Gustavo Sánchez Velásquez, director General de la Policía Nacional de Honduras en la conferencia de prensa donde se anunció el Plan Antiextorsión el 24 de noviembre de 2022.
Esta aseveración es cierta. De acuerdo con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea SEPOL, la tasa de homicidios subió de 38.95 en 2020 a 41.71 en 2021.
Es cierto que ciudadanía de Honduras experimenta delincuencia
Tras el anuncio de la estrategia anti extorsión, el Gobierno de Honduras hizo varias comunicaciones oficiales y realizó el Foro Rendición de Cuentas del Canal 8 para hablar sobre el plan.
En el foro se indicó: “aparte de los alcances obtenidos, durante este 2022 la ciudadanía sigue experimentando asaltos, extorsión, secuestros, entre otros flagelos”. Esta frase es cierta, al coincidir con estadísticas oficiales, informes, expertos y reportes de la propia autoridad.
Según el “Análisis multidimensional de la seguridad ciudadana enero - septiembre 2022”, con datos preliminares, las cifras de homicidio han ido a la baja en lo que va del 2022 comparado con el año anterior, sin embargo continúan reportándose asesinatos y otro tipo de delitos.
“Doce municipios concentraron 51.6 % del total de muertes violentas de mujeres, mismos que concentran el 39 % de los homicidios de hombres”, señala el reporte. Distrito Central y San Pedro Sula son los que tienen mayores concentraciones de homicidios de hombres y mujeres en el periodo enero-septiembre de 2022, municipios en donde se decretó el estado de excepción parcial.
Otros de los delitos que enfrentan los hondureños es la extorsión. Una investigación realizada por ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa) denominada “Impuesto de Guerra”: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras, revela cómo este delito ha impactado al país.
La ASJ calculó de acuerdo con encuestas y datos de población que un estimado de 206,623 hogares son victimizados por extorsión anualmente, el equivalente a 847. 154 personas (entre niñas, niños, jóvenes y adultos).
“Las tres instituciones que reciben denuncias por la extorsión, FNAMP, el MP y la SEDS, solo contabilizan denuncias para alrededor de 1 % del total de casos que ocurren según la encuesta”, menciona el reporte de ASJ.
Dentro de la investigación -con base al análisis de expedientes judiciales- se estimó que en Honduras se pagan 737 millones de dólares al año por extorsión, lo que representa al 16 % de la recaudación tributaria para el país este 2022.
Por otro lado, un análisis realizado por la Voz de América con datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) revela que en 2022 (hasta el 16 de noviembre) han asesinado a 27 taxistas, 11 conductor de mototaxis, 10 ayudantes de bus, 4 cobradores de bus. Ello ha generado incluso protestas en Honduras e investigaciones donde se le reconoce a las víctimas de extorsión.
Santiago Ávila, director de la Asociación Jóvenes contra la Violencia Honduras, dijo a la Voz de América que en Honduras en efecto existe mucha actividad delictiva a causa de que las estructuras del crimen organizado están atrayendo a los jóvenes al ofrecerles oportunidades y recursos que el país, sus familias y la ciudadanía no les brinda.
“Las escuelas criminales no están utilizando solo una estrategia de estilo militar de mando, sino que también ya se están diversificando están subiendo la autoestima a sus integrantes”, lo cual agregó a veces no se da ni en la comunidad, ni tampoco se les ofrece trabajo.
Ávila dijo que el sector transporte y el sector informal de la economía ha sido afectado por las personas que extorsionan, pero consideró que quienes delinquen también son víctimas del sistema y de la sociedad.
“Y cuando digo sistema no me refiero al gobierno, me refiero al rol de la familia, de la comunidad, al rol del vecino preocupado y al rol de tomadores de decisión, al no establecer normativas que puedan garantizar el acceso a esta oportunidad es que los jóvenes necesitan”, dijo a VOA.
Y la propia autoridad, también ha reconocido la problemática. Al declarar el estado de emergencia nacional la presidenta Xiomara Castro señaló que en el pueblo hondureño se ha elevado sin límites la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales a causa de la impunidad. Algo que puede comprobarse con la tasa de impunidad de homicidios en Honduras, la cual fue de 94.9 en 2020, según cifras tomadas de ASJ.
Falso que haya toque de queda en estado de excepción parcial en Honduras
Tras declarar emergencia nacional en seguridad, el sábado 3 de diciembre el Gobierno de Honduras publicó en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, el decreto PCM 29-2022 el cual determinó los pormenores del estado de excepción parcial.
Ahí se indicó que se identificó 89 sectores en el municipio del Distrito Central y 73 en el Valle de Sula para establecer el estado de excepción parcial. No obstante, comenzó a haber confusión sobre el tema y en redes sociales se habló de que se establecería un toque de queda en Honduras.
“Hoy comienza el toque de queda en Honduras”, se lee en una publicación de Twitter del 6 de diciembre, esta no fue la única, ya que otros mensajes en Facebook comenzaron a alertar de ello entre el 3 y 6 de diciembre. Pero, esto es falso hasta el momento.
De acuerdo con la publicación de La Gaceta de Honduras, aunque haya entrado el país en un estado de excepción parcial, el artículo 2 señala que “la libre circulación se realizará con normalidad en todo el país, aún en las zonas descritas en el presente Decreto, y solo podrá ser restringida por las causales aquí descritas…”.
Entre las causales del documento se consideran la detención sólo de “personas que determine y considere responsable de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes” en los municipios de Distrito Central y San Pedro Sula. Por lo que no se requerirá un permiso especial o salvoconducto hasta ahora como lo señaló el comunicado el 6 de diciembre.
Esto fue reiterado en una rueda de prensa encabezada por Gustavo Sánchez Velásquez, director General de la Policía Nacional de Honduras, el 6 de diciembre en donde se aclaró que no es necesario permisos para circular, aún en el marco de las festividades de diciembre y fin de año.
Parte de esta confusión, se generó el día 5 de diciembre, puesto que el propio Sánchez había señalado en el Foro Rendición de Cuentas que se habilitaría una plataforma de salvoconducto, lo cual negó al siguiente día.
Santiago Ávila, director de la Asociación Jóvenes contra la Violencia Honduras, dijo a VOA que, si bien reconoce que el estado de excepción en teoría no limita la circulación -según lo dicho por la autoridad-, si le preocupa que jóvenes que viven en comunidades vulnerables puedan ser candidatos para detención.
“Nos preocupa mucho que puedan capturar a jóvenes que son líderes comunitarios, jóvenes que están desarrollando procesos de tregua y de consideración”, dijo.
Incluso mencionó que el miércoles 7 de diciembre integrantes de la asociación tuvieron un “Cine de Calle” con la comunidad durante la noche. “La autoridad pasó cerca de la actividad, ya más o menos éramos entre 80 y 100 personas y consultó y solamente, dijeron que no entendiéramos tanto la actividad porque ellos no iban a estar ahí presentes toda la noche, eso lo andaban de paso, pero al menos en esa actividad no se no se interrumpió el accionar comunitario”.
Por lo cual, a su parecer la autoridad sólo plantea emitir su postura infundiendo temor, ya que otras organizaciones que trabajan en la prevención de violencia han detenido sus actividades.
Al respecto, Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró preocupante la decisión de la presidenta Xiomara Castro de suspender derechos fundamentales en Honduras con el estado de excepción.
Expuso la necesidad de que el gobierno de Honduras trace una política de seguridad efectiva acorde a los derechos humanos.
Otras 26 organizaciones civiles nacionales e internacionales que conforman la Red COIPRODEN también se manifestaron en contra del régimen de excepción al afirmar que la violencia no se reduce solo a un problema de seguridad pública, sino que está “asociada con múltiples factores de desigualdad social, económica, política, cultural y ambiental”.
Aunque se solicitó una entrevista a la Secretaría de Seguridad de Honduras a través del correo sedshonduras@gmail.com no se brindó una respuesta sobre el tema.
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