Un juez ordenó el martes que el destituido presidente peruano Pedro Castillo continúe detenido, rechazando su apelación mientras las autoridades continúan conformando un caso por rebelión en su contra.
La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, podría atizar aún más las violentas protestas que se registran en distintos puntos del país, en donde la población ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.
El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”, subrayó el juez.
En los próximos, la fiscalía planea solicitar que Castillo continúe detenido hasta por tres años.
Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido “injusta y arbitrariamente detenido”, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.
El juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México para pedir asilo. Fue detenido poco después de que fuera destituido por los legisladores luego de que intentara disolver al Congreso antes de un voto de destitución.
“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que “depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.
Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital Lima. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo el martes a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles. La oficina dijo en un comunicado que eliminó a una persona de la lista después de que la agencia nacional de registro civil determinara que dicha persona “no existe”.
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