Los 26 fallecidos y 646 heridos, según reportes de la Defensoría del Pueblo, que existen en Perú por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso han provocado que la única salida a la crisis sea el adelanto de las elecciones generales. Recientes sondeos de opinión pública en el país sudamericano lo confirman.
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e Ipsos Perú publicaron el último domingo que el 85 % de la población está de acuerdo con que los comicios generales, estipulados para abril de 2026, sean mucho antes y que se lleve adelante con reformas electorales.
Expertos consultados por la VOA en Lima analizan el escenario y el entrampamiento que existe sobre el tema por estos días.
En un mensaje a la nación, la presidenta Boluarte propuso que abril de 2024 sea el mes de las elecciones generales. La semana pasada el ministro de Justicia, José Tello, explicó el proyecto ante el Parlamento, pero allí se planteó que todo se haga en diciembre de 2023. La reforma no alcanzó inicialmente el respaldo necesario, pero este martes fue aprobada 94 votos a favor y 25 en contra de un total de 130 legisladores.
“Es un síntoma de la calidad de la política en el Perú. Digamos, personas con muy poca experiencia, que tienen objetivos de muy corto plazo y están más interesados en promover intereses particulares y agendas políticas muy limitadas”, explica Iván Lanegra, secretario general de la Asociación civil Transparencia, a la Voz de América sobre la votación fallida del adelanto de las elecciones el pasado jueves.
El especialista agrega que “existe una gran ausencia de partidos articuladores y liderazgos fuertes en Perú que no toman en consideración las demandas de fondo de la ciudadanía”. Cuestionó que las bancadas en el Parlamento prioricen sus pretensiones por encima de la reforma: las de derecha quieren incluir el regreso a la bicameralidad y la reelección de congresistas, mientras las de izquierda apuestan por la Asamblea Constituyente.
Lanegra menciona que “si el Congreso termina sin dar una respuesta clara sobre esta condición [el adelanto de las elecciones], eso no va ayudar en nada a calmar el conflicto y, de hecho, puede generar condiciones para su agravamiento en las calles”. De otro lado, consideró que la renuncia de la presidenta Boluarte también podría ser un “escenario probable” para obligar a los parlamentarios a darle el visto bueno a la reforma.
Reformas urgentes
Una vez aprobado el adelanto de las elecciones en Perú, lo siguiente sería definir algunas reglas de juego.
“Hay 15 partidos en proceso de inscripción. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones debe acelerar este proceso que la Comisión de Reforma Política planteó la simplificación de estos trámites para ampliar la oferta electoral, lo que se buscaría es tener candidatos más idóneos. En la coyuntura actual, el Perú requiere de personas capacitadas para estos cargos [presidente y congresista] para no agravar la crisis”, explicó la politóloga Milagros Campos a la Voz de América.
Campos sostuvo que un punto esencial es que se debe eliminar la prohibición de reelección de los congresistas porque se “requiere que haya más personas que forjen una carrera política y ganen experiencia”. Antes del referéndum ciudadano de 2018, un parlamentario podía reelegirse de manera indefinida.
Además, enfatizó que reformas que “le deja un sin sabor por no estar completas” es de la inscripción de los partidos políticos, las elecciones primarias, abiertas y obligatorias al interior de los mismos para elegir a sus candidatos, y la regulación entre las relaciones Ejecutivo y Legislativo. “Estamos en un momento en que hay una distancia muy grande entre la ciudadanía y los partidos políticos que deben involucrarse más”, agrega.
La docente de la Pontificia Universidad Católica se refirió a un tema de gran discusión que es la posibilidad de acusar a un jefe de Estado en Perú en el ejercicio de sus funciones por casos de corrupción a propósito de lo ocurrido con Pedro Castillo. “Se requiere cambiar el sistema existente que coloca una protección al presidente de la República que no tiene ninguno de sus pares en la región, ni en Europa ni en Norteamérica”, argumenta.
Campos explica que “los funcionarios deben responsabilizarse por sus actos”. “Lo que se estaría regulando es un impeachment que, por ausencia de un marco, el presidente se expone a una vacancia por permanente incapacidad moral que es una cláusula constitucional abierta en donde lo que importa son los votos. Si estamos hablando de un impeachment, permitiría un proceso mucho más complejo y garantista que debería pasar por un Congreso bicameral. Con una Cámara de Diputados, en su primera instancia, y el Senado en su última instancia”, anota.
La especialista sostiene que un juicio político estandariza la conducta que un presidente de la República en Perú debería tener para evitar hablar sobre una incapacidad moral en términos abiertos, y mas bien sobre graves delitos de corrupción o infracciones a la Constitución en los que podría incurrir durante su mandato.
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