Diez meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, pruebas abrumadoras demuestran que los soldados del Kremlin han librado una guerra total, haciendo caso omiso de las leyes internacionales que rigen el trato a los civiles y la conducta en el campo de batalla.
Ucrania está investigando más de 58.000 posibles crímenes de guerra rusos: asesinatos, secuestros, ataques indiscriminados y agresiones sexuales. Los informes de The Associated Press y “Frontline”, registrados en una base de datos pública, han verificado de forma independiente más de 600 incidentes que parecen violar las leyes de la guerra.
Algunos de esos ataques fueron matanzas en las que murieron decenas o centenares de civiles y, en su conjunto, podrían dar cuenta de miles de crímenes de guerra individuales.
Como dijo a la AP Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya, “Ucrania es la escena de un crimen”.
Sin embargo, esa extensa documentación se ha topado con una dura realidad. Aunque las autoridades han acumulado una cantidad asombrosa de pruebas -el conflicto es uno de los más documentados de la historia de la humanidad-, es poco probable que detengan pronto a la mayoría de los que apretaron el gatillo o propinaron las palizas, y mucho menos a los comandantes que dieron las órdenes y a los líderes políticos que sancionaron los ataques.
Las razones son múltiples, según los expertos. Las autoridades ucranianas se enfrentan a serias dificultades para reunir pruebas irrefutables en una zona de guerra. Y la mayoría de los presuntos criminales de guerra han eludido la captura y se encuentran a salvo tras las líneas rusas.
![Niños de una escuela primaria reconstruida posan al iniciar clases del año escolar en Bucha, ciudad periférica de Kiev en Ucrania. [Imagen: Captura de pantalla de reportaje producido por VOA]](https://gdb.voanews.com/013b0000-0aff-0242-87df-08daa7fd36c4_w100_r1.png)
Incluso en los procesamientos que han tenido éxito, los límites de la justicia hasta ahora son evidentes. Tomemos el caso de Vadim Shishimarin, un comandante de tanques de 21 años con cara de niño que fue el primer ruso juzgado por crímenes de guerra. Se entregó en marzo y en mayo se declaró culpable en un tribunal de Kiev de disparar en la cabeza a un civil ucraniano de 62 años.
El deseo de alguna combinación de justicia y venganza era palpable en aquella sala. ”¿Se considera usted un asesino?”, gritó una mujer al ruso mientras éste permanecía inclinado hacia delante con la cabeza apoyada en el cristal de la jaula en la que estaba encerrado.
”¿Y el hombre del ataúd?”, dijo otra voz más aguda. Un tercero exigió al abogado defensor que explicara cómo podía luchar por la libertad del ruso.
El joven soldado fue condenado primero a cadena perpetua, que se redujo a 15 años en apelación. Los críticos dijeron que la pena inicial era excesivamente dura, dado que confesó el crimen, dijo que cumplía órdenes y expresó remordimientos.
Sin embargo, los fiscales ucranianos aún no han podido acusar a los mandos de Shishimarin ni a quienes le supervisaban. Desde marzo, Ucrania ha nombrado sospechosos a más de 600 rusos, muchos de ellos altos cargos políticos y militares, entre ellos el ministro de Defensa Sergei Shoigu. Pero, hasta ahora, los más poderosos no han caído bajo custodia ucraniana.
“Sería terrible encontrar un escenario en el que, al final, se condenara a unas pocas personas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que fueran militares de bajo o medio rango o paramilitares, pero la cúpula quedara impune”, afirmó Philippe Sands, un destacado abogado británico especializado en derechos humanos.
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