Familiares de Igbert José Marín Chaparro, un teniente coronel del Ejército venezolano considerado preso político que se encuentra detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas, alertan que cumple 51 días en huelga de hambre exigiendo respeto a sus derechos fundamentales.
“Salir al sol”, que se le permita llevar a cabo actividades de “redención de pena”, entre ellas religiosas, académicas y deportivas; que se le restablezca la periodicidad para efectuar llamadas telefónicas a sus familiares y ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, tal y como dicta su sentencia, son algunas de las peticiones del militar, informó su madre, Nely Chaparro.
“Aunque su fortaleza física y espiritual se mantienen, para el 16 de diciembre que se nos permitió verlo, ya se notaban rasgos de deterioro físico. Me aterra el solo imaginar cómo ha de estar ahora”, dijo la madre esta semana en un video que divulgó en las redes sociales.
La madre de Marín sostiene que las autoridades están “desestimando” la huelga de hambre porque “lo ven inquebrantable”.
“No hay cuerpo que aguante por tanto tiempo, presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, la vida de mi hijo está en sus manos”, clamó.
Marín fue detenido en 2018, acusado de liderar actos de conspiración contra el gobierno del presidente Maduro. Aunque su sentencia precisa que debe cumplir los siete años de reclusión a los que fue condenado en la cárcel de Ramo Verde, su traslado no se ha concretado y se mantiene “arbitrariamente” privado de libertad en la DGCIM.
En noviembre del 2022, Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute, divulgó una carta en la que Marín anunció que iniciaría la huelga de hambre “indefinida”, por haber sido sometido a “varias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, ante el “empeoramiento progresivo” de las condiciones “inclementes” y la ausencia de medidas orientadas al “cese de los constantes tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Es la segunda vez en un año que Marín se encuentra en huelga de hambre. La primera vez decidió levantarla tras una visita de una comisión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
El gobierno de Estados Unidos expresó su solidaridad con Marín y aseguró que el irrespeto a los derechos fundamentales impide una solución a la crisis del país.
“EEUU se solidariza con el preso político venezolano teniente coronel Igbert Marín Chaparro, en los 50 días de huelga de hambre como protesta por condiciones inhumanas de detención”, dijo un mensaje del Departamento de Estado divulgado el lunes por la noche en Twitter y replicado por Jimmy Story, embajador de EEUU para Venezuela.
“La falta de respeto a DDHH impide soluciones democráticas y solución a la crisis en Venezuela”, agregó.
Distintas organizaciones defensoras de los derechos fundamentales, entre ellas el Observatorio Venezolano para la Seguridad y Defensa Nacional y Control Ciudadano, han alertado que la vida de Marín “corre peligro”.
En Venezuela, desde el 2015, al menos 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos, en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados.
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”, coinciden defensores de derechos fundamentales.
En noviembre de 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
Pero el Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
Hasta la fecha, el Foro Penal documenta 274 presos políticos en Venezuela, de los cuales 151 son militares.
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