El presidente Nicolás Maduro no participará en la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la capital de Argentina y, en su lugar, asistirá el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil.
“En las últimas horas hemos sido informados, de manera irrebatible, de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente de la República, para lo que pretenden montar un show deplorable”, expone un comunicado de la cancillería.
Ante el escenario de lo que fue definido como “planes extravagantes diseñados por extremistas” y “con el fin de aportar al buen desarrollo y culminación exitosa de la cumbre, hemos tomado la decisión responsable, de enviar al canciller de nuestro país”, continúa el comunicado.
El gobierno venezolano agradeció al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por su invitación y “su firme posición de garantizar el éxito” de la reunión.
La posibilidad de que Maduro viajara a Argentina generó manifestaciones de la oposición argentina y de la comunidad de venezolanos en ese país.
El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), que había presentado una denuncia penal para que la justicia de ese país investigara a Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad, reaccionó asegurando que la cancelación del viaje fue “obra de la presión”.
La organización de la sociedad civil reiteró su rechazo a la presencia de las comitivas de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, así como del mandatario cubano, Miguel Diaz-Canel.
Patricia Bullrich, presidenta del partido PRO Argentina, anunció que solicitó formalmente a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) la captura de Maduro en caso de que pisara suelo argentino.
“Hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cartel de los Soles. Ese es un acuerdo que tiene Argentina con Estados Unidos, firmado en 1998 (…) si alguien en Argentina denuncia que una persona buscada en EEUU está aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en relación a la detención de la persona que tiene pedido de captura y ser extraditada a EEUU”, declaró la política a una radio local el fin de semana.
El entonces secretario de Justicia de EEUU, William Barr, presentó en 2020 cargos por narcotráfico contra Maduro y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que pueda llevar a su captura. La medida fue calificada en ese entonces por el mandatario venezolano como una “acción extravagantemente extremista”.
A pesar de la decisión de Maduro de no asistir a la cumbre en Buenos Aires, el diputado del Parlamento opositor de 2015 refugiado en Argentina, Richard Blanco, ratificó que el martes se llevará a cabo una protesta pacífica en las inmediaciones del hotel Sheraton en Buenos Aires, que albergará la cumbre de la CELAC.
En su más reciente informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala a Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
En 2021, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
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