El gobierno del presidente Guillermo Lasso declaró el jueves a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado, cuando en varios puntos de la Amazonía se explota oro sin control utilizando maquinaria pesada y afectando con metales pesados, producto de esa actividad, a ríos de la zona.
El Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, informó de que el Consejo de Seguridad Pública del Estado tomó esa resolución atendiendo al hecho de que esa actividad ilícita además tiene estrecha relación con el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de armas.
Destacó que se aprobó una estrategia para enfrentar la situación mediante acciones de las fuerzas armadas y la policía, además de respaldar a las concesiones mineras legales, a las que ambientalistas y comunidades cercanas se oponen y a menudo suelen hostigar con actos de violencia.
Más allá del anuncio, no se detallaron las implicaciones o medidas que sobrevendrán al declarar esta actividad como amenaza a la seguridad nacional.
“No existe la posibilidad de que guardias privados -guardia indígenas o comunitarios- pretendan reemplazar el rol de las Fuerzas Armadas y Policía” en el control territorial, añadió en alusión al hecho de que ambientalistas y comunidades que se sienten afectadas suelen bloquear vías, hostigar e impedir el trabajo de los empleados de las concesiones mineras legales.
El analista y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Freddy Rivera, en declaraciones a The Associated Press, dijo que detrás de esas actividades hay grandes cárteles criminales, especialmente de Colombia, con un poder enorme, que no tienen problemas en corromper a oficiales de la policía y de fuerzas armadas para mantener esa actividad.
Aseveró que Ecuador tampoco tiene una ley relativa a control de metales preciosos, por lo cual “estamos en tierra de nadie acerca de estos temas que generan millonarias ganancias”. El anuncio de operativos que realiza el gobierno, concluye Rivera, no es más que una nueva promesa imposible de cumplir.
Una estimación de la Organización de las Naciones Unidas señala que esa actividad ilegal mueve en el país andino cifras de alrededor de los 600 millones de dólares, mientras que el gobierno no tiene estadísticas aproximadas.
En 2019, decenas de efectivos de la policía y el ejército llegaron a Buenos Aires, una remota zona de la provincia de Imbabura, donde cientos de mineros ilegales explotaban oro sin control. Fueron desalojados pero semanas más tarde nuevamente llegaron mineros ilegales y ahora se encuentran en el sitio explotando ese mineral.
En las últimas semanas, se han revelado vídeos donde se observa el constante trabajo de lo mineros ilegales, ríos con sus aguas turbias y comunidades ribereñas afectadas en la región amazónica, principal zona donde se produce este fenómeno. Cuando se realizan operativos combinados del ejército y la policía, decenas de personas y decenas de grandes máquinas desaparecen sin dejar rastro.
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