En la ciudad fronteriza de Desaguadero, en el sur de Perú, la manifestante indígena Adela Pérez se muestra desafiante después de casi ocho semanas de enfrentamientos mortales que han sacudido al país, golpeado sus enormes minas de cobre y puesto a prueba las instituciones democráticas.
El país de unos 34 millones de habitantes ha estado en medio de sus peores disturbios en décadas desde la abrupta destitución y arresto del presidente de centroizquierda Pedro Castillo el 7 de diciembre después de que trató de cerrar ilegalmente el Congreso para evitar un juicio político.
Hijo de campesinos, Castillo había sido un defensor de los grupos indígenas y pobres de las zonas rurales que lo impulsaron a ocupar el cargo en 2021, a pesar de incumplir sus promesas de distribuir la riqueza minera y ser golpeado por investigaciones de corrupción periódicas.
Su derrocamiento ha encendido una ira profundamente arraigada en las provincias rurales, especialmente en el sur rico en cobre, contra la élite política y adinerada en la capital Lima, con manifestantes apuntando al Congreso y a la mandataria Dina Boluarte, anterior vicepresidenta de Castillo. La violencia ha dejado 47 muertos.
Las protestas, que no muestran signos de disminuir, amenazan con arrebatarle el suministro de cobre al segundo productor del mineral en el mundo y desestabilizar al Gobierno, con escasas señales de una solución política a la crisis debido a los enfrentamientos en el Congreso.
Los manifestantes se han comprometido a seguir luchando hasta que se celebren nuevas elecciones, Boluarte renuncie y se cierre el Legislativo. Muchos quieren una nueva Constitución para reemplazar un texto de 1993 centrado en el mercado. Las encuestas nacionales muestran un fuerte apoyo a muchas de las demandas.
"Señora Boluarte, no puedes mandar ni militarizar estos lugares", dijo Pérez, cerca de un corte de ruta en la frontera entre Perú y Bolivia que ha bloqueado el flujo de camiones durante semanas en la región de Puno, en el corazón de las protestas. "Aquí no puedes mandar militares porque los militares son nuestros hijos", agregó.
El gobierno ha pedido una tregua política y diálogo, dado su apoyo a nuevas elecciones rápidas, y ha denunciado que algunos grupos violentos han avivado los disturbios.
Puno, hogar del lado peruano del icónico lago Titicaca, compartido con Bolivia, fue el lugar de la peor violencia en las protestas hasta el momento, con 18 manifestantes muertos en la ciudad de Juliaca, así como un policía que falleció calcinado en su automóvil.
Las protestas, aunque se centraron en el sur, se han extendido por todo el país, con cientos de bloqueos de carreteras con árboles, rocas y neumáticos de automóviles que obstruyen el tráfico. El turismo ha sufrido mucho con el cierre de Machu Picchu a principios de este mes.
También ha desatado una crisis democrática sin una salida clara más allá del plan de celebrar rápidamente nuevas elecciones, que Boluarte ha convocado pero que un Congreso dividido aún no ha ratificado.
"No importa que nos quiera matar, que nos mate, hijos y todo. Nunca nos vamos a rendir hasta que ella (Boluarte) renuncie", dijo Carmen Inofuentes, una manifestante en Lima, donde murió una persona en enfrentamientos en la última semana.
"Cuando ella renuncie, nos vamos a ir. Si es necesario, dormiremos en la calle, no hay otra. Ella nos está dando esta guerra (...) y con la policía nos vamos a enfrentar porque tenemos una cólera y esa cólera es una ira que explota, ya sale de control", advirtió.
"Estamos sufriendo"
Los manifestantes han marchado con pancartas llamando a Boluarte "asesina" y refiriéndose a las muertes de los manifestantes como "masacres". Algunos llevan catapultas o látigos; otros sostienen banderas Wiphala multicolores a cuadros de los grupos indígenas andinos.
"Soy sangre inca", dijo Cirilo Yupanqui, con una máscara de gas rosa mientras protestaba en la capital Lima. Además, rechazó la afirmación del Gobierno de que las protestas estaban siendo dirigidas y provocadas por grupos criminales. "No soy terrorista, como ellos dicen. No soy delincuente. Yo trabajo formalmente. Miren cómo nos tienen".
Las manifestaciones han despertado el fantasma de la violencia de años pasados en Perú , incluidos los enfrentamientos entre grupos rebeldes maoístas y el Gobierno en las décadas de 1980 y 1990 en los que murieron miles de personas.
"¿Cuántas personas están muriendo? Por el amor de Dios, salte Dina, salte del gobierno. No nos hagas más daño", afirmó uno de los manifestantes en Lima, quien pidió no ser identificado, y agregó que la inflación y las dificultades económicas estaban agudizando la ira de la gente.
"Estamos sufriendo, todas las cosas están subiendo, no tenemos ni para comer", se quejó. La inflación de Perú terminó 2022 en torno al 8,5 %, y los analistas dijeron que muchas de las regiones de protesta fueron las más afectadas.
Jackelyn Broncano, una manifestante en la capital, abogó por la atención mundial sobre lo que estaba sucediendo. "Quiero que todos empiecen a tomar conciencia y apoyen esta lucha porque es ahora o nunca", reclamó, y opinó que el gobierno actual necesita un cambio. "Ellos no se pueden quedar con el poder del Perú".
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