Representantes de la comunidad LGBTIQ en Venezuela exigen al Tribunal Supremo de Justicia respuesta a varias acciones interpuestas y admitidas desde 2015 que buscan el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la nulidad de un artículo del código militar que sanciona las relaciones entre oficiales militares del mismo sexo.
El artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) impone una pena de prisión de uno a tres años y la separación de las Fuerzas Armadas “a todo militar que cometa actos sexuales contra natura”.
Mientras, el artículo 44 del Código Civil venezolano establece que “el matrimonio no puede establecerse sino entre un solo hombre y una sola mujer”, por lo que exigen su nulidad por considerarlo inconstitucional.
Los activistas denuncian un retraso procesal de al menos 7 años y lamentan que en Venezuela no se registren avances en materia de igualdad de derechos para toda la población, a pesar de que reconocen “avances significativos” en cuanto a otras legislaciones, entre ellas las que protegen a la mujer.
Giovanni Piermatei, presidente de Venezuela Igualitaria, una asociación civil que busca desarrollar estrategias en relación a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, dijo a la Voz de América que Venezuela presenta importantes “atrasos” con respecto al resto de la región en materia de derechos para la comunidad LGBTI.
“Parece estar al margen de Paraguay, que es el otro país que tiene leyes que criminalizan la homosexualidad”, dijo en medio de una manifestación en las inmediaciones del TSJ en Caracas.
En la región, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Estados Unidos y Uruguay reconocen el matrimonio igualitario.
Violencia
Yendri Velásquez, integrante del Observatorio de Violencia LGBTIQ reitera que “es deber del Estado” garantizar la igualdad de derechos y precisa que, en los últimos 6 meses de 2022, el Observatorio documentó 97 casos de violencia, 10 de ellos asesinatos, “solo por la orientación sexual” de las víctimas.
“Que dejen de discriminarnos porque no somos menos personas que los heterosexuales, merecemos los mismos derechos y es momento que el Estado venezolano asuma su responsabilidad”, expresó.
De acuerdo con Velásquez, en todo el país se ha “generalizado” la discriminación, aunque en algunos estados se registra mayor “brutalidad” que en otros.
“El Estado está faltando en una de sus principales labores, que es garantizar la vida de las personas. Hoy las personas LGBTIQ estamos siendo agredidas, violentadas, asesinadas, solo por ser quienes somos”, añadió.
Estado conservador
Para Eulert Maldonado, activista de Venezuela Igualitaria, el Estado sigue siendo “conservador” y “miedoso”. Atribuye la falta de avances en materia de derechos LGTBIQ a un “lobby político” vinculado a “temores electorales”.
“Tenemos conocimiento de que hay funcionarios que están de acuerdo y que reconocen que se nos deben derechos, pero ese lobby conservador sigue siendo bastante poderoso y tiene peso electoral, aquí no cuentan las personas sino los votos”, opina.
Fran Arvelo, integrante de la organización Nunca Dejes de Soñar (Nuddso) considera que se trata de una situación “moral” y lamenta que el tema esté “liderizado” por grupos de poder, entre ellos “evangélicos”.
En 2020, el presidente Nicolás Maduro dejó en manos del Parlamento la discusión del matrimonio igualitario, pero hasta el momento no se ha dado respuesta a un Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario introducido ante la Asamblea Nacional (AN) en 2014.
Recientemente, Dilberly Rodríguez, diputada oficialista y presidenta de la subcomisión para Asuntos de Diversidad Sexual, aseguró que su agenda legislativa prioriza la creación de mesas de diálogo para “debatir acerca del cambio de identidad de las personas transgénero” y “las parejas lesboparentales”, según una nota de prensa de la AN.
Meses atrás, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) divulgó un comunicado en el que llamó a los fieles católicos a “hacer sentir su voz” y unir esfuerzos para “impedir” la aprobación de leyes que permitan el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto.
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