El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de cometer “irregularidades y violaciones” del debido proceso y de mantener “vínculos probados” con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales.
“Lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”, expone un comunicado divulgado el lunes, cuando venció el plazo para que el Estado venezolano presentara sus observaciones para justificar los motivos por los que considera la investigación no debe continuar.
El gobierno anunció que presentó ante la CPI un escrito para desmentir las “falacias de la agresión mediática y geopolítica” para acusar a Venezuela de “supuestos” crímenes de lesa humanidad que, aseguran, “nunca han ocurrido”.
En el comunicado, el gobierno informó que presentó “abundante información” que evidencia “el carácter político” del proceso iniciado contra el Estado venezolano en 2018, “como parte de la estrategia de un cambio de régimen” supuestamente impulsado por el gobierno de EEUU.
“Como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó, por ejemplo, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la fiscalía de la CPI como una “víctima” de “tortura” y “persecución”, pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes negó expresamente haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal”, detalla el texto.
Aunque el gobierno no revela la identidad del ciudadano, afirma que fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional (AN) para “ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales”.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
Las denuncias se suceden
La semana pasada, la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) precisó que entre el 13 de enero y el 14 de febrero de este año, han recibido las denuncias de 441 individuos y 47 familias sobre graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Además, la VPRS informó a la Sala de Cuestiones Preliminares sobre la aprobación, en primera discusión, del proyecto de Ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y organizaciones afines.
“Según se informa, la ley pretende controlar, restringir, sancionar y disolver las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela”, detalló el documento.
En diciembre, la VPRS habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que jueces deciden si autorizan al fiscal de la CPI, Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.
“Las víctimas de crímenes bajo competencia de la CPI tienen el derecho a participar en los procesos penales. En este contexto, el 18 de noviembre de 2022 la Sala ordenó a la secretaría compilar las opiniones y observaciones de las víctimas con respecto a la solicitud del fiscal de continuar las investigaciones con respecto a la petición de la Fiscalía para reanudar la investigación”, expone el formulario.
El lapso para que las víctimas envíen el formulario vence el 7 de marzo de 2023.
Se espera que el 21 de marzo VPRS envíe a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares las versiones “originales de los formularios e informaciones de las víctimas que serán confidenciales”, así como un informe general sin identificar a las víctimas al que podrá acceder el Estado.
El 31 de marzo es el plazo máximo para que Khan presente su informe en respuesta a los últimos alegatos del Estado venezolano.
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre si la investigación del caso venezolano debe continuar o no, se podría dar a partir del mes de abril de este año.
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