Al igual que para muchos venezolanos, la situación económica es una de las mayores preocupaciones de María, una mujer de la tercera edad a la que su pensión no le alcanza “ni para el pan”.
A su juicio, ante la dolarización de facto de los bienes y servicios, el gobierno debería pagar las pensiones y salarios en dólares.
“Pero no al precio que está, que nos la paguen más alto porque eso no nos alcanza”, dice al ser consultada por la Voz de América mientras camina por una de las principales avenidas del este de Caracas.
Hace un año, tras el último aumento del gobierno, el salario mínimo en Venezuela que reciben unos 700.000 trabajadores públicos y poco más de 4.500.000 pensionados era el equivalente en bolívares a unos 30 dólares mensuales, pero actualmente son 5,38 dólares calculados a tasa oficial.
Mientras tanto, los precios siguen subiendo. La inflación de febrero alcanzó un 20,2 %, y la anualizada en un 537,7 %, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente que surgió para contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y hacer frente a la ausencia de datos en el país.
![El salario mínimo base en Venezuela no llega hoy a los 6,1 dólares mensuales al cambio. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/09320000-0a00-0242-435c-08dafd352467_w100_r1.png)
Esto, aseguran sus miembros, “configura una situación inflacionaria donde las autoridades fiscales y monetarias lucen desbordadas y sin instrumentos para detenerla” y varios expertos advierten que el país está al borde de entrar en un nuevo proceso de hiperinflación.
En diciembre, la canasta básica alimentaria para un grupo familiar de cinco personas fue de 377 dólares, de acuerdo con estimaciones del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA). En ese entonces, el ingreso mínimo familiar de dos personas trabajando alcanzaba “para comprar la comida para dos días al mes”.
Fuera de la llamada “burbuja” que integrantes de los sectores más pudientes de Venezuela constantemente exponen en redes sociales, la situación es palpable en las calles y especialmente en los supermercados.
Los ciudadanos no dejan de expresar asombro ante el notable aumento de los precios y constantemente se desahogan cuando llegan a pagar en la caja. “¡Qué caro está todo!”, se suele escuchar.
Según PsicoData, un reciente estudio de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), los problemas económicos son la principal causa de estrés para el 64,5 % de la población.
El más reciente sondeo de opinión de la encuestadora Datincorp revela que el 57 % de los consultados señala a la economía (inflación, bajos salarios y desempleo) como el mayor de los problemas que requieren solución urgente.
Esclavitud
José Guerra, economista y exgerente de Investigación Económica del Banco Central de Venezuela (BCV), denunció esta semana que en el país existe una “especie de esclavitud” por los bajos salarios que paga el gobierno en un contexto, en el que, paulatinamente, se han ido eliminando los subsidios a la gasolina, la electricidad y otros servicios.
Si bien Guerra aclara no ser defensor de los subsidios, insiste en que el salario “ha caído de manera dramática” y reta al gobierno a presentar cifras, pues, a su juicio, el Estado sí está en capacidad de pagar “un salario razonable de entre 100 y 150 dólares”.
“En un momento en el cual están aumentando las exportaciones petroleras de la compañía Chevron, ya va cerca de 100.000 barriles por día. Han salido cargamentos de otras compañías petroleras”, dice.
A juicio del economista, el gobierno está guardando el dinero para la campaña electoral de las elecciones presidenciales previstas para 2024.
“Plata tienen, lo que pasa es que Maduro no quiere dar el aumento salarial. Maduro tiene dinero y lo tiene escondido, preparándolo para la campaña, esa es la verdad”, añadió en un video divulgado en sus redes sociales.
Víctor Álvarez, economista y exministro de Industrias Básicas y Minería, sostiene que una de las fuentes para aumentar el salario mínimo de la nómina pública es la sustitución del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que impone una alícuota de 3 % a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en moneda extranjera en Venezuela, por un impuesto al Débito Bancario “destinando a un fondo para pagar únicamente salario mínimo a la nómina de educación y salud”.
El gobierno insiste en atribuir la crisis que atraviesa el país a las sanciones de la comunidad internacional y exige que sean levantadas.
De hecho, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y jefe de la delegación del gobierno en el diálogo con la Plataforma Unitaria de la oposición en México, dijo el jueves que no firmarán “ningún acuerdo” con ese sector de la oposición hasta que el país esté “100 % libre de sanciones”.
A mediados de enero la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, sin embargo, aún no se ha registrado ningún aumento salarial en el país.
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